Desplazados y en el abandono

Editorial EL UNIVERSAL

México se ubica, junto con El Salvador, Honduras y Guatemala entre los países con la mayor tasa de desplazamiento forzado de la región, según datos del Centro de Vigilancia de Desplazados Internos (IDCM, por sus siglas en inglés). Las causas de esta huida, de acuerdo con un estudio de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), son la violencia generada por el crimen organizado, la extrema pobreza, así como los conflictos políticos y religiosos.

Este éxodo obligado de miles de mexicanos se da en su mayoría hacia el extranjero —y en mayor medida rumbo a Estados Unidos—, pero también hacia otras entidades del país.

Los datos son alarmantes: al menos 281 mil 418 mexicanos son los que actualmente están en condición de desplazamiento forzado interno. De estos casos, 9 mil se registraron apenas el año pasado, indican cifras de la CMDPDH.

Todavía más dramático es que, de acuerdo con esta organización, 89 mil 859 de los casos mencionados corresponden a desplazamientos masivos, es decir, aquellos en donde simultáneamente 10 o más familias huyen de sus comunidades de origen por el temor fundado de una amenaza directa e inmediata a la vida, a la seguridad o a la libertad, o bien porque han sido objeto de violaciones graves a sus derechos humanos.

En este contexto, sale a relucir la ausencia de políticas públicas para atacar este fenómeno, así como el vacío existente en materia de leyes. Por ello es urgente establecer un adecuado marco jurídico para este tema, que otorgue garantías de respeto a los derechos humanos, y dé lugar a las instancias que brinden la atención necesaria y permanente a los desplazados, hoy día en la marginación, el abandono y la indefensión.

Pero además, el gobierno federal —única entidad en México capaz de atenderla integralmente— tendría que diseñar instituciones que se ocupen de esta tragedia humanitaria, pues desgraciadamente el país tampoco cuenta con la infraestructura para dar atención a las víctimas. Para ello es apremiante que el INEGI, única institución mexicana con la capacidad, realice un estudio cuantitativo a nivel nacional sobre la verdadera envergadura de esta afectación, dado que los más de 281 mil casos antes citados solamente son los que se han podido documentar, y se trata por tanto de aproximaciones que, en palabras de especialistas consultados por este diario, se quedan cortas ante la dramática realidad del país.

Sirva decir, para dimensionar la magnitud de esta tragedia, que en ocasiones la salida de las personas de sus lugares de origen es tan precipitada —pues la vida está en inmediato peligro— que los desplazados dejan en sus hogares la totalidad de sus pertenencias. Y, peor aún, que al establecerse en un nuevo sitio, no siempre encuentran la seguridad, respeto, oportunidades y tranquilidad que buscaban, pues se enfrentan, de nuevo, a la violencia, discriminación, marginación y a la violación de sus más elementales derechos.

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