En el próximo lustro el dólar seguirá a precio alto y el petróleo a niveles históricamente bajos, esa es la expectativa de los especialistas. La jauja que se vivió en otros tiempos no vendrá en el corto plazo. Las únicas dos alternativas para México en ese lapso son el recorte en el gasto y el aumento de impuestos. La segunda opción ya se realizó hace dos años, con secuelas benéficas para las finanzas públicas pero perjudiciales a juicio de la iniciativa privada y de otros sectores sociales. El anuncio del gobierno federal de que no habría más incremento de impuestos al menos hasta 2018 es respuesta a esa queja.

A la baja en la inversión por las normas fiscales —argumento del empresariado— se han sumado factores internacionales imposibles de evadir, particularmente el menor precio de los hidrocarburos y la expectativa de un alza en las tasas de interés en Estados Unidos que, al mantenerse bajas en los años previos, propiciaba que los inversores prefirieran “arriesgar” su dinero en países vulnerables como México antes que ganar intereses casi nulos en la “caja fuerte” de los bonos del tesoro estadounidense.

Como resultado de este contexto, a principios de año la Secretaría de Hacienda anunció que para 2016 elaboraría un Presupuesto Base Cero. Es decir, un “borrón y cuenta nueva” en la elaboración del plan de gasto para el próximo año. No es poca cosa, considerando que los egresos de cada año se calculan siempre con base en el presupuesto del año anterior. El objetivo: ahorrar lo más posible.

El punto frágil está en determinar qué debe mantenerse y qué no. Ayer la Secretaría de Hacienda finalmente reveló el documento en el que hace esa diferencia. De los más de mil programas de gobierno existentes, sólo 851 se mantendrán en 2015. En algunos casos unos programas absorverán a otros, aunque también habrá desaparecidos. Lo importante será conocer el criterio una vez desglosado todo el documento.

Sería lógico esperar, eso sí, un sacrificio por parte de la burocracia. La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dicta que, en caso de disminución de ingresos, se compensará con: reducción en el presupuesto de comunicación social; en gasto administrativo no vinculado al de atención a la población, y en servicios personales (como viáticos). ¿Qué gobierno puede presumir de haber seguido dicho principio?

El beneficio económico resultante de las reformas estructurales quizá sea más lento y recurrir al déficit podría llevarnos a un escenario como el griego. La inversión privada no es predecible. La única alternativa es un gasto más eficiente. Para convencer a la población de ello, la clase política debe estrenar la tijera en su propia casa.

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