Salvar a la reforma

Pocos anuncios en los dos años y medio del gobierno federal han causado tanta polémica y rechazo generalizado como la notificación, el pasado viernes, de la “suspensión indefinida” de las fechas del proceso de evaluación a maestros del país, que sería clave para su ingreso, promoción y permanencia tanto en la educación básica como en la media superior. Dicho mecanismo es considerado parte central de la primera gran reforma aprobada en esta administración, la educativa, concebida para retomar la rectoría en el sistema y alcanzar así la enseñanza de excelencia. El logro de ese objetivo está truncado en este momento.

La medida generó la respuesta inmediata del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, organismo al cual se le dotó de autonomía en 2013 para concretar la ansiada reforma y poseedor de la atribución exclusiva para decidir en la materia. El INEE consideró sin fundamento la razón esgrimida por la SEP (“nuevos elementos a considerar en el proceso”) como causa de la suspensión.

Detrás del INEE vino una cascada de comentarios en contra de la suspensión de la evaluación a docentes. Organizaciones civiles, empresariales y académicas, así como legisladores, se sumaron a la condena, mientras en el gobierno federal prevalecía el mutismo.

Ningún funcionario amplió o precisó la información con el objetivo de disipar las dudas y justificados reclamos que diversos actores han expresado al respecto, hasta que ayer el Presidente de la República afirmó que la reforma “sigue adelante”.

La respuesta, aunque proviene del jefe del Poder Ejecutivo, no es suficiente. Pesa en el ambiente la sensación de que la reforma más celebrada por el gobierno, la que inició el proceso de cambios estructurales, está agónica.

Ante el temor de que algún fin parecido pudieran tener otros de los cambios estructurales, son urgentes las señales de que la ruta es en el sentido de afianzar las reformas y de que no se trató sólo de modificaciones cosméticas. Lo deseable es que haya información oficial que confirme la pronta aplicación del examen a docentes. Lo reprobable es la falta de ella.

La Federación, en particular la Secretaría de Educación, tiene que definir y clarificar los alcances del anuncio unilateral, pues en nada contribuye a mejorar la deteriorada imagen del Estado de derecho. Son muchas las voces que destacan el carácter anticonstitucional de la medida y la vinculan como respuesta a un factor político. Nada sería más grave que eso: cerrar la puerta a la calidad educativa por exigencias de grupos contrarios a la evaluación. ¿Cómo diremos a los alumnos de este país que la oportunidad para mejorar su educación tendrá que esperar?