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Cuando la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la semana pasada que la evaluación de los maestros sería suspendida indefinidamente, la reacción de la sociedad civil organizada y de los especialistas fue casi unánime, de repudio. Ahora que por fortuna se dio marcha atrás a esa decisión y que fue minúsculo el resultado del boicot a las elecciones del 7 de junio, ¿quién duda del rechazo popular a las movilizaciones de la CNTE?
El gobierno federal, al parecer, ya se dio cuenta de esta realidad. Ayer, en reacción a las protestas del magisterio disidente en el Distrito Federal, el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, advirtió a los profesores inconformes que la administración del presidente Peña Nieto no se sentaría a negociar con ellos hasta que regresen a clases. Un mundo de diferencia respecto de la actitud mostrada antes, cuando se cedió ante los manifestantes.
Concluidas en paz las elecciones y acumulado un amplio rechazo social contra la CNTE, ya no es lo riesgoso decir “no” a los profesores, sino revertir los privilegios otorgados a ese sector desde el gobierno federal y, más aun, desde los gobiernos estatales sometidos a la Coordinadora: Oaxaca, Michoacán y Guerrero, principalmente.
Ni siquiera es una cuestión de dejar a los maestros en una situación peor a la que se encuentran ahora, pues los aumentos salariales y plazas otorgadas a miles de ellos son irreversibles gracias a la legislación laboral.
Cuando menos durante el presente siglo, desde el gobierno de Vicente Fox y hasta la fecha, los maestros del país han recibido incrementos salariales muy superiores a la inflación, algo de lo que no puede presumir el resto de los trabajadores mexicanos. A cambio lo único que se les exige es calidad en su trabajo y una evaluación para medir ese desempeño.
Hace falta hacer cumplir la Constitución que, tras la reforma de 2013, sólo exige piso parejo entre los profesores, para que sean los mejores quienes reciban beneficios y no, como hasta ahora, quienes sean más “combativos” en las marchas o quienes suban más escalafones en el sindicato.
El gobierno federal tiene tres opciones. La de siempre, consistente en ceder a las demandas de la CNTE en pos de una costosa (económica y educativamente) “paz social”; la difícil, que implica decir “no” a las demandas sin atacar los privilegios de los profesores paristas. O la más difícil: aplicar por fin la reforma en las regiones donde los gobernadores no se han atrevido a hacerlo.
Es mitad de sexenio, tiempo de hacer apuestas. Ya no para ganar elecciones, sino para hacer lo correcto.
