Para qué una Escuela Nacional de Jueces

Evidentemente, no es posible justificar un proyecto tan grande como la construcción de una Escuela Nacional de Jueces en este breve espacio. Sin embargo, mi propósito es presentar un par de razones de carácter general que se podrían argumentar a favor de la unificación de la educación jurisdiccional en toda la República mexicana.

Todos sabemos que en materia de justicia México se encuentra en un momento histórico. La implementación de la oralidad en materia penal, pero también en el resto de materias que no son menos importantes, muy por el contrario, son las que consumen el grueso de la labor jurisdiccional en los Tribunales locales, nos debe invitar a pensar en la necesidad de un modelo judicial único para toda la República. A diferencia de la discusión en materia de seguridad pública, sobre todo, en relación con aquella que aboga por un Mando Único de la policía, cuando hablamos de un modelo judicial único no hacemos referencia a la misma cuestión. Por el contrario, se hace referencia a que todos los jueces de la República respondan a los mismos criterios de selección, estándares de calidad y profesionalismo, y que compartan los mismos modelos de razonamiento práctico y de interpretación, así como una perspectiva armónica sobre su labor y las demandas que le impone el nuevo Derecho mexicano.

Esta clase de homologación, por supuesto, no atenta en contra de la pluralidad de criterios jurisprudenciales que puedan llegar a defender cada uno de los jueces en uso de su más estricta autonomía. Sin embargo, ante los retos que nos impone el nuevo sistema de justicia, los jueces deben contar con el mismo entrenamiento, de tal suerte que podamos contar con la misma calidad de justicia en todos los rincones de nuestro país. Estos cambios no sólo requieren que los jueces estén capacitados bajo los nuevos modelos procedimentales (lo que sería, en realidad, entrenamiento que deben recibir en las universidades), sino que la verdadera labor está en entrenarlos para aplicar y respetar desde la perspectiva jurisdiccional los derechos humanos y aplicar de manera pertinente y sagaz los tratados internacionales. También, el reto está en construir nuevos criterios de racionalidad para que éstos sean acordes y compatibles con los requerimientos de un nuevo modelo de justicia y que los jueces los apliquen.

Esta perspectiva nace de la sospecha, compartida por muchos, de que el modelo judicial en América Latina fue construido con retazos de modelos generados en otras latitudes: Estados Unidos y Europa, principalmente. Sin embargo, los modelos judiciales de esos países sí fueron creados de manera acorde y coherente con la estructura jurídica de cada sistema normativo. Por ejemplo, los jueces norteamericanos necesariamente requieren adoptar una perspectiva enfocada a los resultados que generará cada sentencia, más que en una perspectiva enfocada en la validez de una norma jurídica determinada. Esto tiene que ver con la estructura de un sistema jurídico que está basado en la idea de los precedentes judiciales y no en las normas preexistentes de un Derecho escrito.

Es ahora o nunca. Finalmente tenemos la oportunidad real de poder crear un modelo judicial acorde y coherente con el sistema de justicia que hemos ido implementando y construyendo en nuestro país, no sin pocos esfuerzos. Es época en la que podemos decir que la justicia en México está caminando en un mismo sentido, pero el sentido que le demos no puede ni debe ser el producto de la importación de ideas. Construir una Escuela Nacional de Jueces que aglomere a todos los Poderes Judiciales locales, como centro de discusión, debate, análisis y capacitación de los jueces de toda la nación, resultaría ser el semillero de un resultado que más tarde agradeceremos: un Derecho coherente y sistemático, que logre proteger y garantizar los dos principios básicos de la labor jurisdiccional: la seguridad jurídica y la legalidad.

Presidente del TSJDF