El viernes pasado concluyeron las entrevistas de los aspirantes de Aguascalientes, Baja California, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz que participan en el proceso de integración de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE). De acuerdo con las convocatorias que aprobamos, los Consejos Generales de estas 8 entidades deberán ser integrados a más tardar el próximo 2 de septiembre. Los de las 5 entidades restantes (Chihuahua, Coahuila, Nayarit, Puebla y Quintana Roo), serán nombrados a más tardar el 30 de octubre próximo.

La motivación de las iniciativas que dieron origen a la reforma electoral de 2014, destacaba la necesidad de evitar la influencia de los gobernadores y partidos políticos en el nombramiento de los árbitros electorales locales. Se estableció entonces un modelo en el que el INE es el encargado de la designación de los Consejeros Electorales locales.

Estamos por concluir un tercer proceso de designación y prevalecen algunas críticas sobre la supuesta influencia de diversos actores. Sin embargo, me cuesta trabajo encontrar algún modelo de nombramientos de servidores públicos similar, en el que participen diferentes instituciones en la evaluación de cada una de las etapas sujetas, en todo momento, al escrutinio público. El lunes pasado, en estas mismas páginas di cuenta del desarrollo del procedimiento.

Para que un aspirante fuera entrevistado tuvo que: 1) haber cumplido con los requisitos legales; 2) destacar en su entidad con una de las mejores calificaciones en el examen de conocimientos aplicado por el Ceneval y 3) haber obtenido una calificación de 7 sobre 10 en por lo menos dos de los tres dictámenes de los tres evaluadores que calificaron su ensayo, etapa a cargo del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Es en estos filtros donde radica la objetividad del proceso de integración de los OPLE. El hecho de que sean diferentes instituciones las que participan en la examinación de los aspirantes y que las calificaciones son publicadas al concluir cada etapa, nulifica la posibilidad de que diversos actores políticos o, incluso los propios Consejeros del INE, podamos interceder por alguno de ellos.

Es la etapa de valoración curricular y entrevista la que nos corresponde a nosotros, pero es importante poner en contexto qué permitió llegar a ella. Mil 994 aspirantes se registraron buscando ser Consejeros en alguno de los 13 OPLE que están por designarse; en promedio, 153 por entidad. Una vez concluidas todas las etapas previas, 350 aspirantes llegaron a la entrevista; poco menos del 18 por ciento de los registrados. Es decir, en promedio, los Consejeros del INE tenemos 27 aspirantes de los cuales elegir a 7 para ser designados en cada entidad, menos de 4 perfiles por puesto.

Además, para este proceso, determinamos que cada una de las entrevistas fuera transmitida en tiempo real y que las cédulas de evaluación se hicieran públicas. Por lo tanto, a la etapa en la que participamos los consejeros del INE sólo llega un número muy limitado de quienes se inscribieron y, además, también está puesta a juicio de la sociedad. Por si fuera poco, si el “candidato defendido” de algún actor o interés político llegara a la entrevista, todavía la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, requiere de una mayoría calificada de 8 votos, para evitar que se imponga alguna preferencia.

En suma: serán nombrados Consejeros Electorales locales aquellos ciudadanos que, tras un procedimiento objetivo y transparente, nos hayan demostrado que están calificados técnicamente y que son los mejores en las distintas aptitudes que buscamos para ejercer el cargo.

Consejero electoral del INE

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