¿Qué sucedería si algún fiscal en Illinois o California afirma que se construyen culpables y pruebas al interior de dicha Institución de Justicia?

Sucedería lo mismo que en México, si es que en verdad esta afirmación fuera cierta; el fiscal debería ser separado del cargo e investigado.

El miércoles pasado, Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, lanzó esta pregunta en un artículo de este espacio de EL UNIVERSAL, afirmando que, Fernando Ulises Cárdenas, director general de litigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), dijo en una reunión con personal a su cargo, el 25 de abril pasado: “no puede ser que los agentes del Ministerio Público no pueden fabricar culpables, cuando es algo que siempre ha sucedido en la institución”. Falso, no fue así.

Hace falta ver el video, de 11 minutos, publicado en internet, para darse cuenta que Fernando Ulises Cárdenas en ningún momento hace esta aseveración.

“Es que son inventados”, se escucha decir a Fernando Ulises Cárdenas en el video, y continúa: “¿quién dijo que no hay asuntos inventados?, eso es toda la vida”.

El servidor público no reconoce que la PGJEM fabrique culpables, pero hace referencia a denuncias de delitos que no sucedieron, y que, no obstante, esta institución debe investigar.

En las líneas que escribió Francisco Rivas se observa una tremenda confusión. Prácticamente señala como un ilícito que esta institución le exija eficiencia a sus ministerios públicos, sin embargo la PGJEM hace lo mismo que hacen los fiscales de Illinois o California: pedir a su personal, tener un alto nivel de efectividad.

Francisco Rivas repudia que Fernando Ulises Cárdenas exija lo que la Constitución señala en los artículos 20, apartado A, fracción II “procurar que el culpable no quede impune”, y en el 21, en el cual se exige eficiencia, profesionalismo y honradez a las instituciones de Seguridad Pública, incluyendo al Ministerio Público.

Se debe exigir eficiencia a las autoridades, que acusen con pruebas efectivas y veraces, y que se tenga un alto porcentaje de éxito. Es una obligación Constitucional. Así lo hace en el video Fernando Ulises Cárdenas, quien en ningún momento, ordena a su personal que actúe en la ilegalidad o sin apego a derecho.

“¿Acaso no les parece preocupante que se aplique la justicia a modo, que cientos de personas estén purgando penas por delitos que no cometieron, sólo porque los funcionarios optaron por tratar de aparentar que la PGJEM es eficiente y por ello construyeron pruebas?”, pregunta Francisco Rivas en su artículo, publicado el pasado miércoles 11.

En todo caso, son los jueces los que deciden si se vincula a proceso a un imputado, y de llevarse a cabo un juicio, es porque el juez consideró que había elementos.

Lo cierto es que productividad y eficacia es lo que la ciudadanía exige a esta institución, y no puede señalarse a un servidor público por pedir a su personal que cumpla esa exigencia.

Parece que Francisco Rivas sacó de contexto una oración, situación que, desde el primer día en que este asunto fue publicado en algunos medios de comunicación, esta Procuraduría fijó su postura.

Dicho sea de paso, Fernando Ulises Cárdenas es un excelente abogado y servidor público, que merece todo el respaldo de esta institución.

Procurador General de Justicia del Edomex

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