La Procuraduría General de la República giró un nuevo citatorio para que dos colaboradores del empresario Manuel Barreiro Castañeda , investigado por lavado de dinero, comparezcan a declarar.

Sergio y Juan Carlos Reyes García

promovieron un amparo contra el citatorio emitido por la PGR el pasado 28 de febrero y un juez federal concedió una suspensión provisional para que no consigne, por el momento, la carpeta de investigación.

El juez Décimo de Distrito de Amparo en materia Penal en la Ciudad de México ordenó que hasta en tanto no se pronuncie sobre la suspensión definitiva, la PGR no puede consignar ni solicitar orden de aprehensión contra los hermanos Reyes García.

"Se concede la suspensión provisional al quejoso quien tiene el carácter de imputado en la carpeta de investigación para el efecto de que la autoridad ministerial responsable no la determine por cuanto hace al quejoso, siempre y cuando no se contravengan disposiciones de orden público, ello, hasta que se resuelva la suspensión definitiva", indicó el juez en los expedientes 156 y 157/2018 promovidos respectivamente por los hermanos Reyes García.

Aclaró que la medida no impide a la PGR continuar con las pesquisas que realiza en el caso contra el empresario y varios allegados a él por la supuesta triangulación de recursos a favor del candidato presidencial, Ricardo Anaya.

La semana pasada, el mismo juez de amparo, en el expediente promovido por Barreiro Castañeda ordenó a la PGR recibir las pruebas de los hermanos Reyes García y no consignar, por el momento, la carpeta.

Derivado de un informe remitido por la PGR el juez advirtió que la dependencia no les recibió los datos de prueba que solicitaron fueran agregados a la carpeta de investigación y concedió una suspensión provisional para que no determine la indagatoria, es decir, no la remita ante un juez y eventualmente solicite aprehensiones en contra de los colaboradores de Barreiro.

En ese amparo, los hermanos Reyes García impugnaron el citatorio emitido por la PGR con el que el 27 de febrero debían comparecer ante el ministerio público federal.

El juez negó la suspensión debido a que la fecha del citatorio ya había pasado y ya era un acto consumado.

El nuevo citatorio, emitido el 28 de febrero, motivó a los hermanos Reyes García a pedir la protección de la justicia federal.

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