Inconcluso, marco jurídico para la gran urbe cultural

yanet.aguilar@eluniversal.com.mx

El 22 de enero de 2018, la Ciudad de México dio el primer paso para convertirse en una urbe cultural de vanguardia; ese día se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad, la Ley de Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, que consideran un gran avance en la garantía de todo aquel que vive y pisa la ciudad; sin embargo, es una ley que no se aplica pues carece de Reglamento, y ese hecho se suma a otros pendientes que ha impedido concretar el nuevo marco legal de la Ciudad de México en materia cultural.

Aunque es una ley de avanzada y algunos expertos la califican como una legislación realizada con “buena voluntad”, a la Ley le falta no sólo cumplir varias acciones, como la creación del Instituto de los Derechos Culturales de la Ciudad de México, que dependerá de la Secretaría de Cultura y vigilará la protección de los derechos culturales.

Sin embargo, hay avances; en esta nueva dinámica, las 16 alcaldías de la Ciudad de México (que ya no delegaciones) deberán hacer su programa de actividades conforme a los derechos culturales de sus habitantes respondiendo a la pluriculturalidad.

En este nuevo marco normativo que delinea la Ciudad de México, las alcaldías estarán obligadas a generar un Catálogo del patrimonio cultural inmaterial, para que a partir de él se puedan garantizar apoyos a ferias, carnavales, fiestas tradicionales, celebraciones populares y religiosas de cada demarcación, tal como señala el diputado Alfonso Suárez del Real.

“A nivel de patrimonio histórico a las alcaldías les toca generar el catálogo del patrimonio cultural inmaterial, eso le va a dar un juego a las alcaldías extraordinario porque en ese momento las actividades culturales como ferias, o El Chopo, por ponerte un ejemplo, lo puedes consagrar como patrimonio cultural inmaterial de la alcaldía de Cuauhtémoc y de la Ciudad de México porque es irrepetible, no hay otro espacio en donde tantas culturas, percepciones y tradiciones culturales juveniles se encuentren bajo ese esquema”, afirma el diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Súarez del Real, quien formó parte de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, dice que con esa normativa nuestros chinelos, los carnavales de Tláhuac, que son diferentes a los de Iztapalapa o a los de Xochimilco, las procesiones de San Judas, que no son las mismas las que llegan a San Hipólito que las que van a La Romita, será catalogado.

“Es necesario reconocerlo, es necesario reivindicarlo, y ahí viene una visión del Estado laico muy rica, porque entonces ya no te va a dar pena ni vas a estar padeciendo de ‘¿qué van a decir, que soy un mocho porque mi alcaldía está apoyando la procesión del silencio en la colonia Roma?’, ya no será así porque en el catálogo quedará que esa procesión tiene 77 años que la acreditan como proceso cultural. Eso es lo que las alcaldías van a poder hacer”, dice Suárez del Real.

Además, el programa de actividades deberá realizarlo cada alcaldía a partir del derecho a la cultura, a la pluriculturalidad y el respeto a la libertad creativa de sus habitantes.

“Nada de que nunca más en La Capilla Británica una exposición de fotografías de desnudos; esa es la libertad creativa y no podemos decir que no, eso va a permitir ver la cultura desde otro punto de vista. O sea, logramos emancipar la visión del adorno del funcionariado para convertirlo en garante de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la ciudad de México”.

Las interrogantes. Ishtar Cardona, académica e investigadora en políticas culturales, asegura que aún hay muchas cosas en este nuevo marco jurídico de la Ciudad de México que no sabemos bien en materia de cultura; que todo es una enorme interrogante de cómo esto va a ir generando operaciones concretas en el ámbito de Secretaría de Cultura y de las alcaldías. Y que todo comenzará a ser más claro tras las elecciones.

Y es que una de las carencias es la falta de claridad sobre cómo se distribuirán los recursos para la Secretaría de Cultura y las 16 alcaldías. Falta definir también cómo y de qué manera la ciudad va a impulsar la constitución de espacios colectivos, autogestivos, independientes y comunitarios de arte y cultura que están previstos en la Ley; y cómo y de qué manera la ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo de la creación y difusión del arte y la cultura.

“Los procesos legislativos son largos y arduos. Nos queda esta insatisfacción de que todavía no tenemos esos capítulos, o no está ese negro sobre blanco que diga: Partidas presupuestales; ni están tampoco los límites del Estado frente a la participación de la iniciativa privada. Si bien en la Ley de Derechos Culturales de la Ciudad de México se habla por ejemplo del establecimiento de plataformas de financiamiento a través de la Secretaría de Economía, no se nos dice de qué forma. En general se dice que se instaurarán mecanismos, se generarán proyectos y programas, pero no nos dice exactamente cómo ni qué”, afirma la catedrática de Lenguas Modernas y Gestión Cultural de la Universidad Anahuac.

Cardona, quien realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Instituto de Altos Estudios de América Latina de la Universidad de La Sorbona, París, asegura que las definiciones más puntuales sobre el marco jurídico de cultura en la Ciudad requieren leyes de segundo piso y esas aún no las tenemos.

“Necesitamos reglamentos y todavía no los tenemos; necesitamos más vinculación y más práctica con las otras instituciones y organismos y gobiernos, porque en la práctica se irán generando marcos normativos. Estamos en un momento de cambio, en un momento de ajuste; tenemos una Ley de buena voluntad en la Ciudad de México; sin ironía, lo que tenemos que hacer ahora es vigilar la interpretación de esa Ley, estar pendiente de la publicación de los reglamentos y ahora con el cambio de gobierno ver cómo el estilo personal de gobernar de quienes lleguen a los cargos y a la administración pública aplican esa interpretación de la Ley, ahí es donde tenemos que estar al pendiente y en todo caso seguir dotando de contenidos a este marco normativo”.

La Reforma Política de la Ciudad de México significa una modificación al marco jurídico de la capital del país en todos los niveles.

Deja de ser un gobierno vinculado al poder federal y se convierte en un estado autónomo en la estructura política y en la gestión de recursos; y las delegaciones pasarán a convertirse en alcaldías, que es uno de los cambios más sustantivos, pues aunque habrá un alcalde o una alcaldesa al frente, será un gobierno colegiado integrado por 11 consejales que deberá quedar instalado en septiembre.