Desde octubre del año pasado se rompió la comunicación entre la Secretaría de Educación Pública y la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos ( Conaliteg ) con la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana ( Caniem ) que desde hace 25 años se mantenía activa para el proceso de producción de los libros de texto para las secundarias públicas de todo el país que realizan y comercializan los editores con el Estado mexicano para repartirse entre los 5.5 millones de estudiantes de nivel secundaria.
Según los datos más recientes publicados por la Caniem, en 2021-2022 los editores vendieron al gobierno mexicano 37 millones 200 mil ejemplares de textos para secundaria (que representó el 37.5% de las ventas del sector editorial privado) y en facturación fue de mil 488 millones 200 mil pesos (16.3%). En conjunto con los libros de texto de educación básica en mercado abierto, que fueron 12 millones 800 mil ejemplares (12.9 % de ventas) y una facturación de 2 mil 778 millones 300 mil pesos (el 30 .5%), supera alrededor de la mitad de la facturación anual de la industria editorial privada en México.
“En el mercado mexicano, las ediciones de educación básica se mantienen como la temática más vendida del sector, con una participación del 50.4% en el volumen y 46.8% en el monto de venta”, señala el reporte de la Industria Editorial Mexicana 2021-2022, que presentaron en noviembre pasado.
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Este 37.5% de ventas de editores al gobierno mexicano en libros de texto para secundaria a precios muy bajos, corre el riesgo de perderse si el gobierno de la Cuarta Transformación cancela el proceso de producción y comercialización que desde hace un cuarto de siglo mantiene con los editores. Una preocupación que tiene inició el 14 de agosto de 2022, cuando la SEP publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que entró en vigor al día siguiente, el 15 de agosto, el nuevo Plan de Estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria que deberá iniciar su aplicación para los primeros grados, durante el ciclo escolar 2023-2024. Es decir, en agosto próximo.
En dicho Acuerdo, la SEP también establece que los estudiantes que en ese ciclo escolar cursen —en este caso— el segundo y tercero de secundaria, deberán concluir el nivel educativo conforme a lo dispuesto en el Acuerdo del 12 de octubre de 17, con el plan denominado Aprendizajes clave para la educación integral.
Sin embargo, hasta ahora las cosas no marchan como ha sido habitual en el proceso que siguen desde hace 25 años. “Este proceso debe ser coordinado entre la SEP, la Conaliteg y la Caniem, y de esto no ha habido ninguna comunicación oficial. Debería darse de manera inmediata para que los estudiantes de nivel secundaria cuenten con sus libros a tiempo, en el inicio del ciclo escolar 2023-2024, como lo mandata la Ley General de Educación”, asegura Hugo Setzer, presidente de la Caniem, quien señala que “por parte de la Conaliteg no ha habido ninguna notificación oficial o por medio de canales conducentes que cancele la relación para la elaboración de los programas de libros de texto de secundaria”.
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Tampoco han recibido una respuesta institucional o formal al oficio que la Caniem envió a la Secretaria de Educación desde octubre pasado donde le solicitaban a la dependencia —en ese momento a cargo de la maestra Delfina Gómez— claridad sobre el proceso.
Sin embargo, dice Setzer, funcionarios de la SEP les han hecho saber “de manera informal” que la elaboración de los libros para Secundaria correrá a cargo de la Dirección General de Materiales Educativos (DGME), que está cargo de Marx Arriaga. “Esta es información diferente a la que recibimos en las reuniones que sostuvimos con la Dirección a lo largo del año pasado, en las que se nos confirmó que continuaríamos con nuestra participación como viene ocurriendo desde hace casi tres décadas”.
Crece preocupación
Con base en el Acuerdo Secretarial del 12 de marzo del 2021, que determina los Lineamientos para la selección, adquisición y distribución de libros de texto gratuitos del nivel secundaria, ya deberían de haber dado inicio al proceso para la selección de los títulos por parte de los docentes de secundaria de todo el país, para que en abril tengan la lista completa de libros seleccionados —que en el ciclo escolar 2022-2023 fueron 354 títulos de todas las materias—, para comenzar a producirlos entre mayo y junio y entregarlos a Conaliteg para que ésta a su vez haga la distribución en todo el país, entre julio y agosto. Con lo cual se garantiza que el primer día de clases cada estudiante mexicano de secundaria disponga de sus libros. Pero ese proceso ni siquiera tiene visos de arranque.
Lo que esperan los editores es que proceda la adquisición y distribución de los libros que aún estarán vigentes para segundo y tercer grado de secundaria, publicados por las 28 distintas casas editoriales que en promedio son editoriales “texteras” que trabajan para la Conaliteg.
Los editores entienden que los libros de primero de secundaria tendrían que ser elaborados con base en los nuevos programas de estudio, por lo que “no corresponde a Conaliteg convocar a los editores para la elaboración y evaluación de los libros, sino a la Dirección de Materiales Educativos de la SEP, y una vez autorizados deberían ser parte del catálogo para la selección por parte de los docentes”, apunta Setzer.
Dice que la comunicación con la DGME y la Conaliteg, siempre ha sido “institucional, fluida y constructiva”; sin embargo, la última reunión que sostuvieron fue en octubre del 2022, “cuando el doctor Arriaga nos informó, al igual que en todas las reuniones del año pasado, que los editores participaríamos en la reforma educativa. A partir de ahí no nos han dado cita, aunque lo hemos solicitado”, agrega líder de los editores.
Programa en vilo
Tras cuatro meses sin contacto con la SEP, y más de dos meses con Conaliteg —la última reunión con la directora Victoria Guillén fue en diciembre pasado—, las 28 empresas mexicanas que elaboran libros de texto viven en la incertidumbre. Setzer asegura que estas 28 editoriales están establecidas legalmente en el país, que emplean o contratan a más de seis mil personas especializadas que son bien remuneradas, entre ellos maestros, pedagogos, autores, editores, investigadores, ilustradores, iconógrafos, fotógrafos, correctores y diseñadores.
“Por lo tanto, que la industria editorial mexicana no participe en un programa tan importante sería un impacto enorme. Sin embargo, confiamos plenamente en que podremos establecer un diálogo abierto y respetuoso con las autoridades educativas para poder dar continuidad a un programa tan importante”.
Señala además que estos materiales son una oferta bibliográfica de calidad internacional, reconocida mundialmente por su rigor pedagógico y científico, así como por su actualización constante y alta calidad gráfica. “Con estos libros, año con año los maestros de secundaria de miles de escuelas a lo largo de todo el país, han tenido la posibilidad de escoger entre una variedad de propuestas didácticas y metodológicas para sus asignaturas, con lo que contribuimos a la libertad de cátedra consignada como un derecho fundamental en la Constitución Mexicana, y a la atención de la heterogeneidad de contextos del país”, afirma Setzer.
Para este programa las casas editoras invierten más de dos mil millones de pesos para hacer libros de alta calidad que se entregan oportunamente y que se distribuyen en más de 30 mil escuelas secundarias y benefician a más de 5.5 millones de alumnos en las escuelas secundarias públicas de todo el país. Hugo Setzer asegura que los costos de los libros son muy bajos para el estado, que hace compras transparentes y consolidadas, que han sido revisadas por la Secretaría de Hacienda y la propia Conaliteg.
Hasta el momento la moneda está en el aire. Las editoriales han invertido y preparado para trabajar libros con base en el nuevo plan de estudios y la SEP impuso un plan que, dice, ”permitirá la construcción de una ciudadanía democrática” y para que niños y jóvenes “desarrollen aprendizajes significativos para su vida”.
EL UNIVERSAL solicitó información sobre el tema tanto a la SEP como a la Conaliteg, pero hasta el cierre de la edición no obtuvo ninguna respuesta.
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