Denuncian ante la FGR a Diego Prieto y a otros 25 funcionarios del INAH por daño a patrimonio arqueológico
Comisión pide investigar su presunta culpabilidad en la destrucción de 47 monumentos prehispánicos para crear parques ligados al Tren Maya
La construcción del Parque de la Memoria Báalam Tun, en Chetumal, Quintana Roo, del cual arqueólogos de renombre como Sergio Gómez e incluso el investigador emérito Eduardo Matos Moctezuma han expresado que se edificó violando leyes federales y con la destrucción de patrimonio arqueológico avalada por directivos del INAH, ya tiene una denuncia penal presentada en la Fiscalía General de la República (FGR), la cual fue entregada en la fiscalía en Quintana Roo el 7 y 8 de julio.
Ayer, en rueda de prensa, miembros de la Comisión de Protección y Legislación del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Paleontológico del Sindicato Nacional de Profesores de Investigación del INAH informaron que esa denuncia solicita una investigación ministerial para determinar la culpabilidad de la destrucción de, al menos, 47 monumentos arqueológicos mayas, los cuales fueron mutilados, posteriormente destruidos y con sus piedras sobrantes se edificaron monumentos “falsos” en Báalam Tun con la intención de crear un parque temático para turistas.
La denuncia penal pide determinar la culpabilidad de la destrucción de los 47 monumentos arqueológicos, y solicita investigar la actuación de 26 funcionarios del Instituto Nacional de Antropología e Historia involucrados en el caso, entre ellos, Diego Prieto Hernández, exdirector del INAH; Manuel Pérez Rivas, director del salvamento arqueológico del Tren Maya; y a miembros del Consejo de Arqueología, dirigido actualmente por Patricia Ledesma Gallegos.
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Para ayudar a la FGR a iniciar una carpeta de investigación sobre el caso, la Comisión entregó un expediente de casi 700 páginas, donde se documenta exhaustivamente la destrucción de patrimonio arqueológico en la edificación de Báalam Tun.
Entre las evidencias entregadas se incluyen fotografías (las cuales fueron presentadas el pasado de 17 de marzo a la prensa en una disertación de la propia Comisión), inspecciones técnicas realizadas por especialistas, publicaciones académicas, referencias a denuncias previas presentadas por otros investigadores del INAH y un análisis arqueológico hecho por especialistas que da evidencias de la falta de autenticidad de los “nuevos” monumentos, así como testimonios de trabajadores que participaron en los trabajos de construcción de los parques.
Elaborada con la asesoría legal de los abogados José Manuel Hermosillo Vallarta y de Raymundo Tamay Chuc, la denuncia enlista seis presuntos hechos delictivos: destrucción de monumentos arqueológicos; falsificación de monumentos arqueológicos inmuebles; mala praxis; ejercicio ilícito del servicio público; coalición de servidores públicos; y uso indebido de atribuciones y facultades.
En representación de la Comisión de Patrimonio, el arqueólogo Jesús Evaristo Sánchez recordó que ya se mostró evidencia de la destrucción de patrimonio en los 47 monumentos prehispánicos.
“Mostramos ya fotografías y videos sobre esta terrible destrucción, anunciamos que se preparaba la denuncia penal correspondiente. Hoy informamos que esa denuncia ya fue entregada al Ministerio Público en Chetumal, Quintana Roo el martes 7 y miércoles 8”, señaló el investigador. Agregó que la tarea de la Comisión fue integrar diferentes elementos probatorios para demostrar los seis presuntos hechos delictivos.
Dichos elementos se encuentran en el expediente entregado a la FGR, el cual fue presentado en la rueda de prensa, y fue registrado en la carpeta de investigación FED/QR/CHET/0000325/2026, y recibido en el Ministerio Público de Chetumal por Yair Andros Cuanal Cerezo a las 12 horas del 8 de julio.
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Aunque el expediente se encuentra en confidencialidad por ser parte de los elementos de investigación, Sánchez manifestó públicamente que la denuncia va en contra de Diego Prieto por ser el principal responsable de la destrucción de los 47 monumentos.
“El responsable directo de estas atrocidades es Diego Prieto, exdirector del INAH, yo me atrevo a darles este nombre porque es el principal implicado en todos los delitos que les hemos señalado. Algunos otros funcionarios están involucrados en algunos de los delitos, depende del momento en que se van desarrollando los actos desde el año 2018, cuando Andrés Manuel López Obrador dio luz verde a la construcción del Tren Maya y hasta la fecha, durante todos estos años ha habido varios funcionarios que han estado participando como responsables, o incluso por omisión de estos delitos, pero Diego Prieto es el principal denunciado”, explicó Jesús Sánchez.
El arqueólogo señaló a los funcionarios del INAH como los principales destructores del patrimonio mexicano. “Es realmente triste, indignante, encabrona que los funcionarios de la institución sean los principales destructores del patrimonio, que sean ellos quienes se han empecinado en destruir todas las bases académicas y legales que durante casi 90 años grandes figuras hicieron para construir nuestra institución”.
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Sánchez informó que esta demanda es la primera de varias, ya que se tiene registro de la construcción de otros dos Parques de la Memoria, uno en Xpujil, y otro cerca de Escárcega. Esas demandas serán interpuestas antes de terminar el año, informó el abogado José Manuel Hermosillo Vallarta.
La arqueóloga emérita Noemí Castillo, también en la conferencia, señaló que en este punto no es posible la reparación de daño de los vestigios porque ya fueron destruidos y quitados de su lugar de origen. “No es posible ya reparar los daños, por eso lo catalogamos como crímenes de lesa humanidad, y de lesa arqueología”, dijo.
Vía remota, Raymundo Tamay Chuc dijo que el objetivo de la denuncia penal es la reparación jurídica, es decir, que se sancionen a los servidores públicos involucrados en los daños.
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“Los responsables deben cubrir los gastos de reparación, restauración, y demás sanciones penales”. Como es casi imposible reparar lo destruido, otra posible sanción es la compensación cultural, como la creación de parques y la anulación total de Báalam Tun, así como que sea un ejemplo para un futuro de lo que no se debe hacer en la práctica arqueológica mexicana.
Sobre las penas posibles, Hermosillo Vallarta señaló que sí se contemplan penas corporales (prisión) y pecuniarias (multas), así como la inhabilitación del servicio público. “Las penas se van sumando porque son varios delitos, porque denunciamos ejercicio ilícito del servicio público, y el delito de coalición, que establece que fueron varias personas quienes realizaron los hechos delictivos”, detalló.
Se pidió al INAH su postura sobre el caso, pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.
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