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Ayer se realizó un conversatorio de larga duración sobre la iniciativa de la nueva Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, una propuesta que sigue en proceso de consulta y que especialistas del INAH y otras instituciones analizaron.
Fue en la mesa ¿Derechos indígenas o República de Indios?, organizada por el investigador Bolfy Cottom en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, que uno de los temas de discusión de la ley fue la propiedad intelectual en relación con las artesanías de los pueblos indígenas, tema abordado por la especialista de la Facultad de Derecho, Daniela Lucio.
De acuerdo con la académica, la propuesta de ley plantea la creación de un fondo de regalías por la venta artesanal, lo que supone que el administrador de dicho dinero no serán los artesanos, sino el gobierno. Además, criticó que será el gobierno quien otorgue las certificaciones para que un producto artesanal tenga validez, es decir, será “el Estado” quien señale qué es artesanía, de qué clase y el valor.
“¿Esta ley es un reconocimiento o es realmente un intento de regular ciertas cosas que se salen por la tangente?, finalmente quien decidirá el valor será el Estado, ya no las consultas, ya no los pueblos”, señaló la especialista.
La antropóloga Giovanna Gasparello dijo que la propuesta de ley se conforma por más de 450 artículos, de los cuales, indicó, la mayoría “es paja”, y que busca otorgar al Estado poder para decidir sobre las gestiones de los pueblos originarios. “La iniciativa está plagada de ‘el Estado podrá, el Estado podrá’, entonces se desdibuja si son derechos u obligaciones”, explicó.
La investigadora resaltó que la ley propone reconocer el Bastón de Mando, una práctica ancestral de los pueblos originarios y que hoy es incluida en eventos políticos, algo que comenzó con Andrés Manuel López Obrador y sigue con Claudia Sheinbaum.
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La contradicción, explica Gasparello, es que la ley dice promover la libre determinación y autonomía de los pueblos, pero será el gobierno quién decida y catalogue a las comunidades indígenas mediante un dictamen, para incluirlos en un Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas. “Un catálogo es una herramienta sumamente colonial”, señala.
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