El 11 de febrero del año pasado, estudiantes del Centro de investigación y Docencia y Económicas (CIDE) realizaron una solicitud de información en la Plataforma Nacional de Transparencia, en la que pidieron al centro de investigación el acta de designación del actual director, José Antonio Romero Tellaeche, luego de la serie de irregularidades que comenzaron a partir de la renuncia del exdirector, Sergio López Ayllón, el 1 de agosto de 2021.
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Romero Tellaeche comenzó su gestión en el CIDE como director interino el 2 de agosto de 2021 y el 29 de noviembre de ese año —mismo día de su designación en las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y con el Consejo Académico del CIDE presente— fue ratificado para ser director general hasta el 2026. Sin embargo, en medio de tensiones y con procesos poco transparentes en su designación, el CIDE se fue a paro ese mismo día y entregó las instalaciones hasta el 15 de enero de 2022.
A partir de esa fecha, cuenta a EL UNIVERSAL Diego Robles Micher, estudiante de Ciencia Política y Relaciones Internaciones y vocero estudiantil, comenzó una lucha por demostrar la serie de irregularidades que hubo en la designación de Romero Tellaeche, además de probar con fundamentos válidos que fue un director impuesto por la dirección del Conacyt.
La batalla, explican otros representantes estudiantiles, se disputa mediante la información que la propia dirección del CIDE está obligada a proporcionar vía transparencia.
Los empeños dieron frutos hace un mes, fecha en la que el acta protocolaria de la designación de Romero Tellaeche fue revelada. El acta fue protocolizada por Miguel Soberón Mainero, Notario 181 de la Ciudad de México, y está fechada el 10 de febrero de 2022.
El documento se acompaña de un resumen de la discusión entre los integrantes del Consejo Académico del CIDE y la titular del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla; en ese apartado destacan las participaciones de los titulares de la Secretaría de Economía, de la Secretaría de Energía y del Instituto Nacional Electoral, quienes expresaron su preocupación por el proceso de designación de Romero.
La parte de este resumen finaliza con la recomendación del Consejo Académico a las autoridades competentes del Conacyt de acudir ante un notario para protocolizar el acta, sin embargo, no se lee específicamente —en ningún apartado del documento— que Romero Tellaeche fuese aprobado ni designado para fungir como director general del Centro de Estudios.
En otra de las recomendaciones se insta a autoridades del CIDE a recabar las firmas correspondientes para que la toma de titularidad de Romero haga efecto, pero en la siguiente página del documento no hay ninguna firma; en lugar de eso, hay un “sí” en cada recuadro de asistencia de los participantes.
Cabe resaltar que los estudiantes también solicitaron el acta protocolaria de designación de López Ayllón para hacer una comparación de los dos casos. Esta designación se llevó a cabo el 9 de marzo de 2018 y contó con las firmas de todos los integrantes del Consejo, que aprobó y designó claramente a López Ayllón como director general de CIDE en el apartado final del acta.
En el caso de Romero Tellaeche, otra de las irregularidades encontradas en el acta fueron los desacatos del CIDE al Instituto Nacional de Transparencia (INAI). De acuerdo a un documento proporcionado a EL UNIVERSAL, que da cuenta del proceso que siguió una de las primeras solicitudes de información realizada el 11 de febrero de 2022, el CIDE negó en varias ocasiones que el acta protocolaria de Romero Tellaeche existiera. En otro de los apartados se afirma que, de existir, el acta sería reservada.
Un mes después de la solicitud de información, el 11 de marzo de 2022, el Conacyt respondió al INAI que el acta se encontraba “en proceso de protocolización por parte del Centro Público y que, al momento en que la misma se encuentre en posesión del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, dicha documental recaería en los supuestos de reserva de la información”.
Esta misma respuesta se repite el 4 y 20 de abril a las negativas de revelar el acta. Pero es el 29 de abril que Conacyt agrega otro apartado en el que añade que “la divulgación del acta de la sesión en la que se designó y formalizó a José Antonio Romero Tellaeche como director general del CIDE representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio al interés público”.
Para la comunidad del CIDE, estas respuestas confirman que Conacyt negó antes la existencia del documento por intereses propios, y pretendió ocultar información que es de alcance público. Diego Micher expresó que, ante las negativas del Conacyt de mostrar el acta de designación, optaron por meter amparos para obtener el documento.
“No hay un punto en el acta donde los integrantes del Consejo tomen el acuerdo, no hay un punto donde voten designarlo, creemos que no fue aprobado porque la sesión se cortó antes, la detuvieron, solamente Álvarez-Buylla lo aprueba, en el acta de designación de Romero Tellaeche no lo designan. No decimos que es espurio de juego, realmente lo es porque nunca fue nombrado como tal”, reiteró Diego Robles, quien estuvo a cargo del proceso de las solicitudes de transparencia.
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Plagio, sigue impune
Para Víctor Meade, estudiante de Derecho en el CIDE, uno de los temas que más lastimó a la comunidad fue el plagio cometido por Romero Tellaeche, falta ética que quedó impune.
“Me parece lamentable que la falta quedara impune, todo el proceso realizado por la Comisión de Ética fue extraño, primero Jordy Micheli, entonces secretario académico, se abstuvo de votar y luego renunció. Vimos que, desde arriba, hubo un diseño para no castigar el plagio, los mecanismos titubearon, no hubo represalias”, expresó.
Explicó que hay una división entre el estudiantado del CIDE, ya que muchos alumnos de los primeros semestres han normalizado la precariedad, la falta de libertad de expresión y el hostigamiento a los profesores críticos del gobierno.
“No me parece que el CIDE de antes fuese perfecto, no se trata de eso, lo principal es la manera en la que se hicieron las cosas, es muy complicado no estar de acuerdo con la idea de que hubo una imposición en la dirección del CIDE, se sabe que presionaron a López Ayllón a renunciar”, afirma Meade.
“Somos estudiantes de tiempo completo y ahora resulta que con Romero tenemos que defender la legalidad, nos enfrentamos a un aparato gubernamental que cuenta con los recursos para defender la impunidad”, concluye.
Para el profesor y académico del CIDE, Juan Antonio Aguilar Rivera, la libertad de cátedra y el pensamiento crítico son dos factores que le estorban a la dirección de la institución, por lo que, afirma, hay un “hostigamiento discreto” para cansar a los investigadores y que abandonen al CIDE por cuenta propia.
“Han sido cuidadosos de no intervenir en nuestras agendas de investigación, no han despedido directamente a los investigadores, no es el caso del personal administrativo, lo que han hecho es que han dificultado contrataciones, crean las condiciones para que la gente se vaya, se siente la hostilidad de las autoridades”.
Sin embargo, el también ensayista y escritor cree que la lucha actual tendrá resultados a futuro. “Todas las irregularidades, empezando por el plagio y las irregularidades en la designación del director, tienen consecuencias legales establecidas en las leyes, en algún momento los mecanismos de justicia dejarán de estar trabados y comenzará a haber consecuencias, vale la pena dejar constancia y dejar fe de todas estas anomalías, algún día todo esto tendrá consecuencias”, finaliza.
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