Colonialismos y omisiones en la propuesta de la Ley Indígena

La propuesta de Iniciativa de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos se mantiene en discusión pública debido a que pretende reglamentar la reforma al artículo 2 Constitucional, realizada en 2024, es decir, tiene la orientación de “regular los derechos reconocidos en la Constitución Política en materia de derechos de las comunidades indígenas y afromexicanas”, se lee en el primer artículo de la Iniciativa.

Con 453 artículos, algunos temas en la propuesta son el reconocimiento jurídico de los pueblos originarios, su autonomía, reglas claras acerca de consultas previas sobre medidas que los afecten y el capítulo del patrimonio cultural, este último de interés para el sector cultural, ya que se aborda también el tema de las artesanías.

Especialistas consultados por EL UNIVERSAL hacen un primer análisis de esa propuesta de ley, y lanzan algunas conclusiones donde dejan ver vacíos legales, contradicciones en los términos y, uno de los temas más polémicos: la creación de un catálogo nacional de comunidades indígenas, una idea “sumamente colonial”, asegura la investigadora del INAH, Giovanna Gasparello.

De hecho, para la jurista Daniela Lucio la propuesta tiene algunos vacíos porque en sus 453 artículos no define lo que es el patrimonio cultural, lo que representa un problema si se piensa en que una de las características culturales más representativas de los pueblos originarios son las artesanías.

Según el INPI, se han visitado 16 mil 681 comunidades en 28 entidades, donde los habitantes expresan su preocupación por el uso de sus tierras sagradas. Foto: INPI

Explica que en 2022 se aprobó la Ley del Instituto de Pueblos Indígenas, misma que fue reformada en 2025 y que logró regular y explicar la parte de las expresiones culturales y los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, pero la propuesta actual no incluye explicaciones y definiciones sobre el patrimonio de los pueblos, entonces queda la duda si en algún momento se retomarán los avances anteriores o se dejarán de lado para la nueva iniciativa.

“No define en ninguna parte lo que es el patrimonio cultural, que es importante porque es necesario en el tema de los derechos colectivos, que son como los derechos de autor, pero con naturaleza diferente”, detalla la especialista.

La académica de la Facultad de Derecho explica que un punto que sí desarrolla la ley es la certificación de artesanías o cualquier otro tipo de expresión cultural con el objetivo de otorgar regalías, pero lo que no se detalla es quién recibirá esa ganancia. “Se establece la creación de un fondo de artesanías, pero no se explica totalmente quién va a cobrar las regalías, cómo se repartirán las ganancias; considero que es algo que sí afectará a los pueblos porque no se da certeza de que ese dinero llegue a las comunidades”.

Y añade que tampoco se define qué entidad o persona tendrá la autoridad para dictaminar lo que es, o no, una artesanía. “No define qué es una artesanía, quién va a determinar que es original; y en lo general, la propuesta es muy subjetiva, mucho a la interpretación, eso genera una desestabilización para la persona que lo va a aplicar”.

Gasparello, especialista en autonomía y derechos indígenas, explica que la iniciativa de ley tiene la finalidad de darle al gobierno mayor control sobre los territorios de las comunidades indígenas, además de “intentar acotar” los derechos de los pueblos “para que luego no tengan la oportunidad de reivindicar sus derechos”.

Si bien el análisis de la ley es sumamente complejo por su gran extensión y porque intenta regular más de una decena de temas que atraviesan a las comunidades y sus habitantes, Gasparello cuestiona principalmente que una de las herramientas medulares de la iniciativa es la creación de un Catálogo Nacional de Pueblos Indígenas.

“Dicho Catálogo Nacional crea un esquema y modelo acotado, es un catálogo que es como un Excel, le pones tantos rubros como quieras, pero al final es acotado, modelado, no representa toda la realidad, es imposible amoldar todas las realidades en un catálogo”.

Según el INPI, se han visitado 16 mil 681 comunidades en 28 entidades, donde los habitantes expresan su preocupación por el uso de sus tierras sagradas. Foto: INPI

Gasparello señala que una de las características principales de los pueblos originarios es la libre determinación y autonomía, sin embargo, con la creación de un catálogo nacional se pretende regular a los pueblos, sus tierras, lenguaje y demás aspectos sociales y culturales. “Formalmente se dice que se reconoce la libre determinación y la autonomía, pero se le reconoce poniéndole, por un lado, un montón de límites, y, por otro, hay toda una serie de pasos burocráticos que se deben de cumplir para poder lograr este reconocimiento por parte del Estado, es una 'libre determinación' que pasa a través de la lógica burocrática", añade.

Para lograr el reconocimiento y estar en el catálogo, el Instituto Nacional de Pueblos Originarios (INPI) tiene que aprobarlo. “El gobierno tiene la palabra final en todos los procesos, decide qué comunidad entra o no al catálogo, la ley tiene un rezago colonial profundo, es el virrey que está haciendo un listado de todo lo que son sus súbditos, esa era la idea de la Colonia”.

Una de las consignas actuales del INPI es la consulta sobre la iniciativa de ley a los pueblos originarios. De acuerdo con su información oficial, se han visitado 16 mil 681 comunidades en 28 entidades. Abel Barrera, representante indígena del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, refirió que estuvo presente en uno de los procesos de consulta en Tlapa, Guerrero, en agosto, donde la gente que asistió (más de mil personas), dijo, estaban preocupadas por el tema de los lugares sagrados de los pueblos originarios, ya que la propuesta de ley establece que esas tierras pueden ser usadas para la minería u otras actividades económicas si tienen el consentimiento del pueblo.

“Ahora establecen que sí se podrá sacar ventaja de las tierras sagradas con consentimiento a través de una consulta; no queremos que algo así se vaya a consulta, ahí vino la discusión con funcionarios del sector agrario”, indicó .

Explicó que se están transgrediendo tratados internos de las comunidades que impiden el uso de tierras sagradas para minería. “Eso se está pidiendo, que se reconozca en la ley plenamente el territorio, para que las comunidades ejerzan su soberanía e impedir la entrada de empresas mineras o grupos de la delincuencia, que están coludidos con las autoridades municipales, es un tema duro que se está hablando desde el territorio ancestral, porque éste debe ser controlado por las comunidades sin el tutelaje del Estado”.

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