¿Quién protege a César Duarte?

Un río de tinta, una montaña de papel y un largometraje podrían construirse ya con los argumentos, declaraciones y actuaciones de autoridades federales para no tocar ni con el pétalo de un citatorio al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte.

En esta línea se conserva Alberto Elías Beltrán, subprocurador encargado de la Procuraduría General de la República (PGR), quien en medio de la presión política por este tema, anunció tres solicitudes de extradición (http://www.eluniversal.com.mx/nacion/sociedad/presentara-pgr-tres-solicitudes-de-extradicion-contra-cesar-duarte) contra Duarte Jáquez. Eso no lo hace ninguna autoridad en el mundo, pues se violenta el sigilo de la investigación.

Esas solicitudes deberán ser revisadas en la Cancillería mexicana, enviadas al Departamento de Estado norteamericano con evidencias suficientes de que el señor Duarte se halla en una ciudad específica del territorio estadounidense. De ser aceptadas con base en los tratados vigentes, se trasladarán al Departamento de Justicia, donde se les estudiará nuevamente. En caso de considerarlas procedentes, se asignará a un fiscal para defenderlas ante un juez de distrito, quien de ser convencido, ordenará a un sheriff buscar al inculpado en la ciudad referida. Pero gracias al anuncio de la PGR, es muy poco probable que el ex gobernador esté esperando a que la ley toque a su puerta.

Hay que subrayar que el señor Elías Beltrán (cuya encomienda ha sido impugnada por no cumplir con previsiones constitucionales ni legales) argumentó ruptura del sigilo judicial para cesar en octubre pasado al entonces titular de la Fepade, Santiago Nieto.

Lo que es poco conocido es que antes de hacerse cargo de despacho en PGR, cuando se desempeñaba como subprocurador jurídico y de Asuntos Internacionales, Elías Beltrán recibió expedientes del gobierno de Chihuahua pidiendo la extradición de Duarte. Pero antes de eso se le presentó un caso federal ligado con el mismo personaje.

Esta otra solicitud de extradición, que tampoco recibió la celeridad promedio, ostentaba el sello de la Fepade y la firma de Santiago Nieto. Reportaba una investigación sobre un delito electoral generado por una trama que retenía un porcentaje de su sueldo a empleados del gobierno de Chihuahua, que luego era pagado mediante factura a una empresa transportadora de valores, la cual lo entregaba en efectivo a dirigentes del PRI en el estado, de los que recabó su firma en recibos formales. Una triangulación sólo imaginable cuando sus actores tienen garantizada la impunidad.

Tras este episodio lamentable, la PGR emprendió otro, igual de inquietante, pero malogrado. El nuevo titular de la Fepade, Héctor Díaz Santana, intentó atraer la investigación que desarrolla la justicia de Chihuahua sobre la presunta triangulación de recursos en beneficio del PRI, por la que se halla detenido el empresario Alejandro Gutiérrez, ex colaborador y amigo por 20 años de Manlio Fabio Beltrones, quizá el líder priísta más emblemático hoy.

El propósito de Fepade no cuajó por motivos judiciales, políticos y hasta de gremio, pues Díaz Santana se encontró con que sus interlocutores en el gobierno de Corral no sólo han laborado en PGR sino que coincidieron con él en la Fiscalía cuando estuvo a cargo de María de los Ángeles Fromow (2001-2007). Lo más que consiguió fue la oferta de una copia del expediente.

El actual nivel de la polémica en este caso no existiría sin la creciente presión ejercida tanto por la ciudadanía como por el actual gobernante chihuahuense, el panista Javier Corral, que ha ido desnudando el bloqueo oficial en este tema, encarnado notablemente en la PGR, pero que pronto se extendió a la Secretaría de Hacienda, donde su flamante titular, José Antonio González Anaya, ha sido señalado de usar las finanzas públicas para doblar por inanición a una entidad integrante de la Federación.

De esta suerte, dos instituciones en las que formalmente se depositan los aspectos más críticos de la credibilidad del Estado (la procuración de justicia y el manejo del erario) han sido colocadas en un predicamento sin precedentes en la historia moderna del país.

En declaraciones públicas y en conversaciones privadas, el gobernador Corral ha sugerido que sus indagatorias pueden llegar hasta los niveles más altos de la clase política priísta.

De ello da cuenta hasta ahora la notoriedad del detenido Alejandro Gutiérrez, un acaudalado empresario coahuilense, socio en Minera Frisco del magnate Carlos Slim y como se dijo, amigo personalísimo de Beltrones Rivera, en cuyo círculo se ha atribuido este asunto al propósito de frenar su carrera política.

Por algún motivo desconocido, el gobernador Corral ha decidido no usar lo que seguramente sería su bala de plata en este tema: la extensamente conocida trama de las relaciones políticas y presumiblemente de negocios del gobernador Duarte con quien siempre fue su tutor político, el líder senatorial Emilio Gamboa, otra figura clave del priísmo tradicional y autoproclamado cercano consejero del presidente Peña Nieto. De hacerlo, esta historia tendrá capítulos más intensos.

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