Enrique Ochoa, recién defenestrado dirigente nacional del PRI, acumuló durante su gestión de 22 meses un cúmulo de señalamientos por su ignorancia sobre la vida del partido oficial, pelear con gobernadores emanados del mismo y confrontarse con el candidato presidencial, José Antonio Meade, que al menos desde febrero pasado había pedido un relevo al frente del Institucional.

Pero esta historia tiene un correlato en la turbia trayectoria del señor Ochoa Reza como director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de donde se llevó a colaboradores muy poco presentables y los convirtió en poderosos operadores políticos en un PRI que ya entonces, en julio de 2016, arrastraba enormes debilidades de cara a la disputa por la Presidencia de la República.

Por si hiciera falta, Ochoa agregó a todo ello un estilo desparpajado y arrogante que sembró agravios en más de una generación de priístas, quienes primero se vieron humillados e ignorados y, al final, echados a la vera de las candidaturas para diputados y senadores, mientras que su sedicente líder sí lograba colar a incondicionales.

El corolario de todo ello convirtió al dirigente priísta en un fardo que inexplicablemente tuvo que ser llevado a hombros por la clase política priísta que ahora, en plena campaña presidencial, avanza como un pato cojo.

El balance obliga no a preguntarse por qué Ochoa fue echado del PRI, donde tras la elección aterrizará en el Congreso federal como un muy incómodo diputado plurinominal (una figura que él exigió extinguir). La duda real es por qué se le confió el partido en el gobierno a una figura con semejantes debilidades, cuando existía una perspectiva tan compleja.

La respuesta inevitable es que fue un grave error de cálculo decidir que con el solo aval de Los Pinos, como ocurría antes; con el respaldo de Luis Videgaray y de Aurelio Nuño, sería suficiente para hacer funcional no a un líder partidista sino a un administrador proveniente de la burocracia dorada del oficialismo.

“Hoy es más importante ser del ITAM que un priísta exitoso (son) personas que diseñan políticas para un país en el que sueñan, y se apartan del México real que desconocen”, podía leerse hace 10 meses, en julio de 2017, en un desplegado que firmó el ex gobernador de Campeche, Antonio González Curi, y que habría contado con el aval moral de personajes priístas como Manlio Fabio Beltrones, ex dirigente del Institucional, e Ivonne Ortega, ex gobernadora y ex secretaria general por ese mismo partido.

En el río de tinta y de palabras que ha corrido desde la caída de Ochoa Reza poco se repara en que se trataba de un fracaso anticipado, aderezado muy posiblemente por la corrupción.

En julio de 2015, un año antes de que el propio Ochoa anunciara con un tuit que renunciaba a la dirección de la CFE para buscar la presidencia del PRI, se difundieron audios en los que aparecía la voz del entonces presidente regional del controvertido consorcio español OHL, José Andrés de Oteyza, ex secretario con José López Portillo, eufórico porque el director de esta empresa del Estado mexicano les había abierto “totalmente las puertas”, y que como muestra de la cercanía lograda, aceptó ser llevado de paseo a una residencia de De Oteyza en Cancún.

El señor Ochoa Reza cumplía entonces apenas 15 meses al frente de la CFE, pero ya se multiplicaban señalamientos de irregularidades. Entre ellas, la operación de una “Fundación CFE” que opera recursos en forma opaca y acumula dudas por obras millonarias y presuntamente inexistentes como la “remodelación” de un parque frente a su sede en el cruce de las avenidas Reforma e Insurgentes en la capital del país. Y demandas por obras inconclusas, como el Ramal Tula, en Hidalgo, cuya misteriosa suspensión beneficia a comunidades “huachicoleras” de la zona.

Varios personajes extraños orbitan en esta historia, entre ellos Angel Meixueiro, cesado por corrupción en el gobierno de Alejandro Murat en Oaxaca, señalado en el expediente contra el ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, director de Relaciones Institucionales en CFE durante la gestión de Ochoa, y luego convertido por éste en operador político del PRI. El otro, Jorge Araujo, jefe de asesores de Ochoa en la CFE y también su colaborador en el PRI.

Ochoa Reza y cerca de 20 colaboradores suyos recibieron en total 16 millones de pesos por concepto de liquidación cuando dejaron la CFE, pese a que algunos tenían apenas algunos meses trabajando en la empresa. Entre las beneficiarias se contó a Claudia Pastor Badilla, quien fue su jefa del área jurídica y a la que recientemente colocó como candidata a diputada plurinominal. Su suplente es Myrna Yvette Torres Camacho, la secretaria particular de Ochoa…

Con estos supuestos aliados, ¿para qué querría enemigos la campaña presidencial de José Antonio Meade?

rockroberto@gmail.com

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