La agonía de la FEPADE

Hundido en una espiral de cinismo político, el Senado pavimentó este jueves el camino hacia la designación de un militante partidista como nuevo fiscal electoral. De consumarse tal propósito, serían sepultados 22 años de nuestra transición democrática, que imaginó una disputa partidista por el poder bajo reglas dictadas por un sistema profesional e independiente, formado por el trípode INE-TEPJF-FEPADE.

El bloque oficialista PRI-Verde sumó en esta oportunidad la mansa colaboración de Nueva Alianza y de los senadores “rebeldes” panistas que representa Ernesto Cordero. Éste preside la Cámara Alta no con el respaldo de su partido, sino el de sus adversarios, un hecho inédito en nuestra historia parlamentaria.

Con estos augurios comenzó el proceso para relevar a Santiago Nieto, un doctor en Derecho, sin partido, que ha estudiado por dos décadas el Derecho Electoral pero que fue cesado, habría ya que asumir, para facilitar las negociaciones en un Senado que renuncia a su papel de contrapeso del poder para dedicarse a saciar el apetito de los partidos por puestos y fondos públicos.

Tras una sesión previa reventada por las presiones sobre este tema, el jueves se aprobó la convocatoria para renovar la fiscalía electoral. De última hora, se incluyó una modificación para permitir que el próximo titular de la FEPADE haya tenido militancia, cargos públicos o de representación ligados a un partido político.

Presumiblemente pactada entre el PRI y el bloque de senadores panistas “rebeldes”, la propuesta formal de esta regresión fue encomendada al único senador (suplente) que tiene Nueva Alianza, Manuel Cárdenas. Debe haber sido muy convincente, pues su planteamiento mereció encendidos discursos de apoyo, incluso los de los senadores panistas “rebeldes” Javier Lozano y Roberto Gil Zuarth.

Los argumentos de esta decisión regresiva sobre nuestro sistema electoral, que tiene su esencia en la desvinculación de los partidos, giraron en torno a que no se pueden negar a nadie sus derechos constitucionales. Bajo esta lógica, ya podría nombrarse a Joaquín El Chapo Guzmán nuevo fiscal general.

El PRI y sus aliados lograron consumar esta ominosa página legislativa, que hay que sumar a los “logros” del líder de la bancada del Institucional, Emilio Gamboa, acosado por señalamientos desde el oficialismo en torno a un bajo desempeño, pues se hallan atorados más de 100 nombramientos claves en la transición sexenal, entre ellos el del fiscal general, el fiscal anticorrupción, el auditor superior de la Federación, magistrados administrativos en materia anticorrupción, magistrados electorales regionales, embajadores…

Al final, la enmienda a la convocatoria logró 64 votos a favor y 33 en contra (del PAN “no rebelde”, PRD y PT-Morena). Hubo también una significativa abstención, la de Luisa María Calderón, hermana del ex presidente de la República y quien el 10 de octubre renunció al PAN. En las horas siguientes las redes sociales emitieron su calificación del proceso: #Fiscalmilitante.

Desde la tarde del jueves se asumió que el ajuste a la convocatoria para la FEPADE tiene nombre y apellido, y los más mencionados fueron los del panista Ricardo García Cervantes y el priísta Enrique Burgos.

Dotados ambos de una trayectoria política reconocida dentro y fuera de sus partidos, se trata de personajes del todo ajenos al tema electoral. Ambos coinciden también en su aversión por el riesgo político y en estar dotados con formas políticas propicias para construir amistades, pero refractarias a la confrontación en la que se desempeña un fiscal.

El aval panista en este episodio ha elevado lógicamente la posibilidad de que llegue a FEPADE García Cervantes (Torreón, 1954), quien ha sido senador plurinominal (2006-2012), tres veces diputado federal plurinominal, y embajador varias ocasiones. Abogado por la Universidad Autónoma de Coahuila, milita en el PAN desde hace 40 años.

Fue brevemente subsecretario de Gobernación (2005-2006) cuando el titular fue Santiago Creel (actual operador político de Ricardo Anaya, presidente del PAN), y menos de año y medio subprocurador de Derechos Humanos en PGR con el priísta Jesús Murillo Karam, con quien había trabado amistad en el Senado. En diversos momentos, ambos declararon a su círculo cercano que les desesperaba la pasividad de García Cervantes y su rechazo al conflicto. Lo suyo son los modos de la diplomacia, jamás la fortaleza de un Ministerio Público.

El viernes mismo comenzó el registro de aspirantes a la titularidad de la FEPADE, por la vía de la priísta Ana Lilia Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado. La lista de candidatos debe ser revisada por la Comisión de Justicia, que preside la panista Pilar Ortega y cuyos secretarios son Humberto Hernández Fuentes (PT-Morena) e Ivonne Álvarez (PRI).

Se prevé que tras un primer filtro haya entrevistas a los principales candidatos, y los que superen esas comparecencias figurarán en una votación a urna cerrada hacia el 12 de diciembre, en la penúltima sesión del periodo. Un reporte médico diagnosticaría que la FEPADE ha entrado en un proceso de agonía. El pronóstico no es optimista.

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