Mientras el fragor de las campañas tiene uno de sus ejes clave en la urgencia de sacudir la estrategia vigente por casi 12 años en materia de seguridad, desde las profundidades de la política, donde en realidad se toman decisiones, se apuesta a que cambien muchas cosas, pero que todo siga igual.

Una operación que sólo puede ser concebida con la complicidad de varios partidos tiene en el limbo el aspecto sustantivo de la reforma constitucional que creó una fiscalía general independiente. Se trata del artículo transitorio que establece que ese cargo será ocupado por aquel que está al frente de la Procuraduría General de la República (PGR) al final del sexenio, o antes si el Congreso aprueba la respectiva legislación secundaria y designa al nuevo funcionario.

Hace cinco meses el Congreso de la Unión suprimió ese artículo que fue llamado “pase automático” y que resultó impugnado en forma generalizada. Se asumió que habría un simple trámite para que esa nueva reforma fuera avalada por los Congresos estatales y cobrara vigencia. Pero eso no ocurrió.

Sólo 10 Congresos estatales han aprobado esta modificación, de un mínimo de 17 que exige la propia Constitución. Por los tiempos legislativos, es casi imposible que la cifra se complemente en las próximas semanas. Esto quiere decir que el “pase automático” está en pie.

Habrá que asumir que existió una eficaz maniobra o un acuerdo en lo oscurito entre diversos actores y partidos para que el próximo presidente electo deba someterse a un acuerdo con la administración Peña Nieto, y acepte designar en forma conjunta a un nuevo titular de la PGR que asuma de inmediato como fiscal, en este mismo sexenio.

Una interrogante de calado en este momento es si alguno o ambos de los dos punteros en las campañas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador o Ricardo Anaya, han dado garantías al actual gobierno para resolver así la espinosa crisis que encierra el tema del que alguna vez fue anticipado como el “fiscal carnal”… lo que podría acabar siendo el “fiscal pactado”.

Si no hay acuerdo en este campo, el actual gobierno puede dejar correr los tiempos hasta generar la entronización como fiscal del actual “encargado” de la PGR, Alberto Elías Beltrán, quien al llegar al puesto hace ocho meses, ni siquiera pudo ser nombrado titular por no cumplir los requisitos de ley, lo que le impidió ser presentado para su ratificación por parte del Senado.

Quizá usted no lo crea posible en las presentes circunstancias, pero en el gobierno saliente hay todo un club de entusiastas en favor de la permanencia de Elías Beltrán a fin de que logre en “pase automático” ser el fiscal general, con la certeza de que las objeciones jurídicas para ello serán oportunamente “subsanadas”.

Es por ello pertinente repasar el perfil del personaje, ya abordado en otras entregas de este espacio. Tras su llegada en octubre pasado como relevo de Raúl Cervantes, aquí se dijo que el señor Beltrán fue hasta su actual encargo un integrante de segunda línea en el grupo que tiene como su propulsor a Eduardo Medina Mora, actual ministro de la Corte.

Ese grupo fue consolidado durante la gestión de Medina en la PGR (2006-2009), y en él descolló entre otros, Alberto Bazbaz, que en este sexenio fue primero titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, y a la llegada de Alfonso Navarrete Prida en Gobernación fue designado al frente del Cisen, el órgano de inteligencia del gobierno federal. Nadie olvida al señor Bazbaz como procurador de Justicia en el Estado de México durante la tragicomedia de 2010 con el “Caso Paulette”, por la que fue relevado por Alfredo Castillo.

Otro destacado miembro de ese equipo es Humberto Castillejos, formalmente ex consejero jurídico de la Presidencia (en la que según muchos testimonios sigue operando) y personaje ubicuo en toda esta historia. No sobra recordar que Castillejos, Castillo y Cervantes Andrade son primos. Elías Beltrán tuvo siempre el rol de subordinado en ese grupo.

Esa virtual cofradía de abogados-políticos ha coincidido en varias instancias, lo mismo en la Procuraduría mexiquense que en la de la Ciudad de México cuando su titular fue Rodolfo Félix, o en la Procuraduría Fiscal, con Javier Laynez, cuyo arribo a la Corte también acompañaron.

A la llegada de Raúl Cervantes a la PGR se consideró natural que ese equipo se repartiera posiciones clave, ente ellas la Suprocuraduría de Asuntos Jurídicos e Internacionales, formalmente la más importante de la institución, que le fue asignada a Elías Beltrán. Pero también la SEIDO, la que combate delitos de delincuencia organizada, donde fue colocado en su momento Alonso Israel Lira Salas, otro ex subordinado de Bazbaz en Hacienda.

Así están. Y no se quieren ir.

rockroberto@gmail.com

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