El conflicto del Comisionado

Guillermo García Alcocer, Comisionado Presidente de la Comisión Reguladora de Energía, denominada CRE, institución que tiene autonomía y cuyo presidente es nombrado por el Congreso de la Unión, está siendo exhibido por no haber reportado como conflicto de interés que dos familiares trabajan en alguna empresa que se dedica a la comercialización o producción de algún tipo de energía, ya sea gas, electricidad, combustibles, etc.

Esto equivale a exigir que todos los ministros de la SCJN y que los funcionarios de todos los niveles de influencia de todas las procuradurías expongan si tienen familiares abogados, como ejemplo y que todos los funcionarios con poder de decisión del sector salud, si algún familiar o amigo trabaja en algún laboratorio farmacéutico.

Es preocupante porque a partir de esta premisa y de cómo se resuelva este caso, se sienta un precedente que se convertirá en norma y todos los funcionarios se tendrán que hacer responsables de las conductas dudosas o delitos cometidos por algún familiar. Por ello, como primer punto se debe explicar hasta qué grado de parentesco existe la obligación de exhibir relaciones familiares.

Esto sienta un precedente peligroso.

Todos aplaudimos y exigimos que el combate a la corrupción se lleve hasta sus últimas consecuencias y en ese objetivo, el gobierno federal seguro cuenta con toda nuestra solidaridad, reconocimiento y apoyo. Sin embargo, el cómo se apliquen las medidas es determinante, pues cuando se sientan precedentes sin clarificar límites, los funcionarios de cualquier nivel jerárquico en la estructura gubernamental, vinculados con la justicia, pueden interpretarlo a su modo, incluso en su propio beneficio.

Si existe delito o no, por parte de los familiares del comisionado presidente de la CRE, lo tendrán que determinar las autoridades competentes, pero la exhibición mediática bajo la sombra de corrupción, es un fuerte golpe para este funcionario, cuando aún no se determina si tiene responsabilidad.

Esta exhibición mediática que se ha hecho de él, sembrando dudas, manda un mensaje claro a quienes estando en organismos autónomos no se alineen con el nuevo gobierno, del cual son independientes.

Desde decenas de años atrás hay una larga tradición de funcionarios públicos que han pagado caro, hasta con cárcel y ser exhibidos abiertamente, no por faltas a la ética, enriquecimiento ilícito o corrupción, sino por haberse enemistado con el presidente en turno y por ello fueron convertidos en el “cordero sacrificado a los dioses, caracterizados por la opinión pública”, como ejemplo del combate a la corrupción.

Jorge Díaz Serrano, director general de PEMEX en tiempos del presidente López Portillo, muy vinculado con la familia Bush y reconocido en el mundo internacional del petróleo, fue encarcelado precisamente por su jefe, quien encabezó un gobierno tan corrupto que dejó al país con las finanzas en ruinas.

Antes, el presidente Echeverría había encarcelado al ingeniero Eugenio Méndez Docurro, su secretario de Comunicaciones y Transportes, brillante profesional con perfil técnico con estudios en Harvard y la Universidad de París, cuando era raro que se cursaran estudios con este nivel. Fue el primer director general del CONACYT. La razón de este castigo pareciera haber sido un conflicto con su jefe y la posterior acusación de este por corrupción.

La caída del legendario líder petrolero Joaquín Hernández Galicia, La Quina, encarcelado por el presidente Salinas de Gortari, siempre se dijo que no fue tanto por la corrupción del sindicato, que sin duda existía, sino por haber estado en su contra durante la campaña presidencial y haber patrocinado acciones en contra de él siendo candidato. Desde entonces y hasta la fecha, quien le sustituyó lleva más de 25 años en el cargo y es otro ícono de la falta de transparencia sindical.

La profesora Elba Esther Gordillo fue otra que cayó del top del poder por no alinearse con la reforma educativa, mas que por la gran fortuna que sin duda amasó al amparo de su liderazgo en el SNTE.

Para que esta cruzada contra la opacidad y la corrupción que encabeza el nuevo gobierno genere credibilidad de que esta no es una nueva versión de una práctica antigua y que si hay compromiso, debe haber transparencia y mesura en la fijación de cargos.

Conociendo los tiempos lentos de respuesta de la justicia mexicana, la celeridad en sí misma es un indicador del interés que tienen quienes toman las decisiones.

Hoy las acciones valen más que las palabras.

¿Usted cómo lo ve?