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El 24 de febrero de 1913 a las seis de la tarde, ante Rómulo Luna, juez segundo auxiliar del Registro Civil, compareció Gabino Mendoza con un oficio de la comandancia militar en el que se ordenaba “levantar el acta de defunción de Francisco I. Madero”. Mendoza declaró que el nombre completo del occiso era el de “Francisco Inocencio Madero”, dejando una mácula de indignidad en su memoria. No era la primera vez que se le llamaba así, en 1911, un artículo publicado en El Siglo XX. Semanario Ilustrado de política y literatura que denunciaba la simulación de la vida electoral en México, asestó: “Hoy domingo 17 de octubre (…) es el día en que tienen que celebrarse en toda la República las elecciones preparadas para que el señor Francisco Inocencio Madero sea presidente constitucional”. Después se dijo que no habría contienda, pues ya se había consumado previamente su victoria.
En la mencionada acta se elaboró una breve semblanza del malogrado Presidente, en la cual se precisó que no había un certificado médico de la defunción y que un par de días antes se había extendido una boleta para que el cuerpo fuera enterrado en el Panteón Francés, hecho que supuestamente atestiguaron Antonio Mejía y Julián Villaverde. En la última sección se puntualizó que días después de elaborado el documento se recibió una hoja firmada por el médico militar Virgilio Villanueva, quien anotó: “El mencionado señor Madero falleció de dos heridas penetrantes de cráneo por arma de fuego”. En el mismo juzgado y con los mismos involucrados se redactó la correspondiente a José María Pino Suárez, con la salvedad de que fueron “tres disparos” los que le provocaron la muerte.
Las secuelas del golpe de Estado apenas menguaban cuando Sara Pérez, viuda de Madero, obtuvo una copia certificada de la constancia mortuoria. Por entonces ya circulaba la “Leyenda Histórica Madero”, escrita por Ireneo Paz —muy cercano a la cúpula huertista— y que se publicaba por entregas en el periódico La Patria, la cual contribuyó a la popularización de la inocentada.
En un intento por reparar el mancillado nombre del expresidente, la viuda promovió el 6 de mayo de aquel año un juicio de “rectificación del acta de defunción de don Francisco I. Madero”. En la demanda se aclaró que, además de haber sido registrado con el nombre de Ignacio, lo había empleado en los actos públicos y privados en que había participado. La demandante también observó que, para ese momento, “ya se le habían reconocido derechos hereditarios”, por lo que la modificación apelaba a un resarcimiento de índole moral más que económica, e incluso atribuyó el “error” al descuido o ignorancia de los encargados de dar aviso, intentando con ello apelar a la clemencia de las autoridades.
Los diarios de la época no dieron cuenta de la conclusión del proceso y en el acta de defunción tampoco existe indicio alguno de que la corrección se llevara a cabo. El propósito de quienes agraviaron el recuerdo de Madero se logró parcialmente, pues durante décadas fue de uso común referirse a él como “Francisco Indalecio”. Esta equivocación la explica la negligencia de algunos historiadores, ya que Madero siempre se ostentó con su nombre completo, siendo el de “Indalecio” el segundo nombre de su padre, con quien se le ha llegado a confundir en la investigación documental.
Sumado a lo anterior, es cuanto menos curioso que no se haya llevado a cabo una rehabilitación oficial de la documentación de Francisco Ignacio Madero González, pese a que es considerado el principal promotor del sufragio efectivo y antecedente directo del establecimiento de la cultura democrática en nuestro país.
