Función pública, la del estribo

Alberto Barranco

En lo que podría ser la última y nos vamos para la Secretaría de la Función Pública, está en la mesa un expediente que involucra en presuntos actos irregulares al director general de Puertos en la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, Alejandro Hernández Cervantes, y al director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo, Ovidio Noval Nicolas

De acuerdo con un análisis realizado por el Órgano Interno de Control de la propia API, (Oficio OIC 09/179/363/2018), ambos incurrieron en responsabilidad administrativa para favorecer a la empresa Logística de Fluidos y Graneles.

Estamos hablando de una superficie de 90 mil metros cuadrados en la Laguna de Cuyutlán, Colima.

La manzana de la discordia es un contrato para operar una terminal especializada en la Zona Federal Marítima Terrestre, al margen de la autorización de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, colocando como aval a la Comisión Nacional del Agua quien, como lo reconoció oficialmente, carece de jurisdicción.

El asunto toma perfiles de escándalo al pretenderse sorprender al Consejo de Administración de la API, quien si bien había autorizado el 6 de abril pasado que se diera a trámite la solicitud, instruyó al director general a cuidar que se cumpliera en estricto con los requisitos de ley.

El caso es que de acuerdo con el Órgano Interno de Control, el contrato incumple con los requerimientos exigidos en la Ley de Puertos. De 17 de éstos, siete presentan irregularidades.

Una de las más importantes es el hecho de dar por válido el documento aduciendo que el terreno se ubica en Zona Federal, lo que implica la obtención del permiso respectivo por parte de la Comisión Nacional del Agua Delegación Colima, cuando la mayor parte de éste está en una Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, en cuyo caso la concesión debe otorgarla la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La observación la avalan sendos oficios de las dependencias solicitados en el marco de la Ley de Transparencia.

Así, el documento B000908 folio 001600 de la dirección local de Colima de Conagua alude al artículo cuarto del Reglamento de la Ley de Aguas Nacionales, concluyendo que si bien la administración de las aguas de la laguna y los terrenos del uso son de su competencia, en la zona federal marítimo terrestre la administración deslinde y la delimitación compete a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

A su vez ésta, oficio Semarnat / VC PAII/ UT/ 1886/18, no sólo reitera el argumento, sino señala los puntos en que la terminal concesionada a Logística de Fluidos y Graneles se ubica en Zona Federal Marítimo Terrestre.

La potestad de la dependencia en ésta se ubica en la Ley General de Bienes Nacionales y en el Reglamento para el uso y Aprovechamiento del Mar Territorial, Vías Navegables, Playas, Zona Federal Marítimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar.

El contrato, de acuerdo con el Órgano Interno de Control de la API, lo registró el director general de Puertos sin revisar su legalidad. A su vez, el director de la API mandó registrar el contrato con el propio funcionario, quien sólo seis días después lo remitió al interesado.

Peor aún, con el contrato ya en la mesa se solicitó su autorización al Consejo de Administración en la API el 7 de septiembre.

La última y nos vamos.

Balance general. De acuerdo con Compranet, durante el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto se le otorgaron 2 mil 360 contratos de adquisición a la empresa Kimberly Clark, de Claudio X. González, por un total de 246 millones 11 mil 818 pesos, frente a los 20 contratos del sexenio de Felipe Calderón, por un millón 26 mil 788 pesos.

En el mayor contraste, empero, en el panista no hubo contratos con la empresa Pinsa para la venta de atún, y durante el priísta dieron mil 693 por 455 millones 503 mil 400 pesos. Si le seguimos, con Calderón se pactaron 100 contratos de suministro con el Grupo Herdez, por 10 millones 880 mil 136, en tanto con Peña Nieto se saltó a dos mil 90, con un monto de 208 millones 418 mil 508 pesos. A su vez, con el primero se contrataron 15 pólizas con el Grupo Nacional Provincial por 50 millones 565 mil 255 pesos, y 77 con el segundo, alcanzando 580 millones 611 mil 455 pesos.

La única disparidad se da con productos de consumo O’mega, pues en el sexenio de Calderón se pactaron cuatro contratos por 2 millones 645 mil 578 pesos, y en el de Peña Nieto sólo uno, por 128 mil 198 pesos.

Demandan a AT&T. El flamante director general de la telefónica AT&T México, Laurent Therivel, enfrentará su primer dolor de cabeza frente a una protesta de proveedores nacionales por falta de pago de la administración saliente encabezada por Kelly King, quien ocupa ahora una vicepresidencia global de la firma estadounidense.

Los descontentos, en su mayoría pequeñas y microempresas, señalan que la atonía se arrastre desde el último año, con la novedad de que se les obliga a las firmas a contratos de adhesión que los colocan en posición de aceptar un pago distinto al acordado, bajo amenaza de prescindir de sus servicios.

Una de las firmas afectadas, Cismelec, ya llevó el tema a los tribunales, en reclamo de un pago de 30 millones de pesos, incluidos intereses moratorios.

En su denuncia la firma documenta las facturas entregadas, las notas de recepción de los materiales entregados y la nota de compra autorizada por AT&T el 8 de mayo del año en curso, emitida con el folio 1241801524. No obstante, la empresa demandada niega el adeudo, la recepción de la mercancía y cualquier relación jurídica.

Se va Del Cueto. Aduciendo motivos de salud, el subgobernador del Banco de México, Roberto del Cueto Legaspi, presentó su renuncia al cargo, cuya encomienda terminaría en 2022.

El funcionario asumió la tarea en 2015, con vigencia de ocho años.

Abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho, Del Cueto había tenido hace unos meses un grave accidente de bicicleta.

Sustentabilidad. Quien le está apostando fuerte a la sustentabilidad ambiental y la seguridad alimentaria es la empresa global de consumo Tetra Pak, cuya filial en México la dirige Tatiana Liceti.

La firma de origen sueco ha logrado disminuir en su producción 13% de la emisión de gases de efecto invernadero, utilizando fuentes de recursos renovables en 50% de la energía que consume.

La compañía está asociada con Biopapel y Ecolana para incrementar su nivel anual de reciclaje, que el año pasado llegó a 33 mil 500 toneladas.

Guerra del mezcal. Abierta aún la guerra del mezcal provocada por una resolución del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial que extendió la posibilidad de tener Denominación de Origen a cuatro entidades federativas más, está surgiendo un movimiento para unificar a los productores en una asociación.

Quien impulsa la idea es el empresario Antonio Torrado Menga, que mantiene una marca denominada “Mezcal Mortal”, en la intención de colocar como presidente a su operador, Roque Olivares.

Sin embargo, para los productores de Oaxaca, se trata de crear un órgano afín al gobierno.

 

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