Absurda demanda a ICA

La Secretaría de la Función Pública tiene un expediente que apunta a falta de rigor frente a la exigencia de evaluación del riesgo con cargo a servidores públicos.

El propio organismo reconoce una pérdida, a título de minusvalía de 133 millones 631 mil pesos, que podría ascender a 364 millones 11 si se asume 100% de la pérdida de valor de las acciones adquiridas.

Los papeles comprados a un precio de siete pesos 12 centavos, se depreciaron hasta 0.9 centavos entre junio de 2015 en que se hizo la compra y agosto de 2018.

En el lapso, la que fuera por décadas principal constructora del país con presencia internacional se fue cuesta abajo en su rodada hasta llegar a un concurso mercantil del que la libró una reestructura su deuda que transformó radicalmente su estructura accionaria.

Cuando la Siafore Básica 2 de Pensionisste adquirió un paquete de 19 millones 477 mil 982 acciones de la ex corporativa de profesionistas, la cotización de éstas había caído 50%, atribuyendo la emisora el quebranto a la depreciación del peso que elevó su deuda en dólares y a una larga sequía en materia de contratos públicos.

Sin embargo, para entonces se sabía que la firma enfrentaba una grave crisis financiera. Durante 2012 sus pérdidas habían ascendido a 20 mil millones de pesos, lo que provocó dos incumplimientos en el pago de emisiones de deuda.

En paralelo, la constructora había llegado a niveles catastróficos de endeudamiento, al punto de que al ingresar al concurso mercantil el monto total alcanzaba 65 mil 156 millones de pesos.

Apostarle a la acción, pues, era equivalente a jugar a la ruleta rusa.

La paradoja del caso es que requerido por el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Pensionissste reconoció sólo la apuesta señalada de 138 millones, frente a las versiones que hablaban de 400, lo que le habría dado jerarquía de principal accionista de la constructora.

En afán, además, de minimizar el hecho, la instancia hablaba de daños menores de cara a los ahorros de los trabajadores afectados, aduciendo que en el lapso el portafolio de renta variable de su Siefore había registrado una utilidad de 524.8 millones de pesos.

El precio de la acción de ésta se había incrementado, además, un 9.6%, al pasar de 1.7 a 1.9 pesos.

El argumento que sostiene la demanda contra ICA habla de que ésta no informó o desvirtuó la realidad de sus quebrantos, lo que, de ser cierto, salpicaría en tal caso a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Lo cierto es que en el fondo la pretensión apunta a asirse de un fierro candente para evitar una sanción a su director general, José María de la Torre Vera, a quien colocó en el cargo el ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.

¿Simple error de cálculo?

Balance general.

En el escenario de la reestructura que plantea el nuevo gobierno hacia la banca de desarrollo, ahora se habla de sectorizar el resultante de la fusión de Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior a la Oficina de la Presidencia de la República que encabezará Alfonso Romo, sacándolo de la tutela de la Secretaría de Hacienda.

Lo cierto, al margen de la ruptura con la ortodoxia, es que del dicho al hecho el negocio sería ruinoso al contaminarse al Bancomext de las debilidades de Nafin.

La intención se manejó desde el gobierno de Vicente Fox al calce de una “recomendación” del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial.

La pretensión real en el fondo, sin embargo, era rescatar de la bancarrota a Nafin, utilizada como instrumento político desde la época del presidente Carlos Salinas De Gortari.

De hecho, ésta había sido ya rescatada dos veces por el gobierno.

De acuerdo a la ley orgánica que los rige, cada uno de los bancos de desarrollo tiene una función específica que no necesariamente confluye. Si Nafin apunta al desarrollo industrial, el Bancomext al comercio exterior.

La fusión cancelaría las utilidades que genera el Bancomext y no extinguiría la exigencia de apoyo gubernamental para Nafin.

Consejo de Planeación.

Impulsada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción que encabeza Eduardo Ramírez, al parecer el nuevo gobierno va con buenos ojos la idea de crear un Consejo de Planeación de Infraestructura con etiqueta de autónomo y perspectiva suprasexenal.

La instancia, integrada por expertos, le daría visos de certeza en relación a su viabilidad a los proyectos públicos de gran magnitud.

Al momento de licitarse estaría ya integrado desde el posible costo hasta la mitigación en caso de afectación a comunidades, pasando por la utilidad de la obra y sus proyecciones a futuro.

Baja escolaridad.

De acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (Construyendo un sistema de aprendizaje a lo largo de la vida en México), mientras en los países afiliados al Organismo para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el promedio de escolaridad de los trabajadores es de 11.9 años, en el país llega a 8.8.

Mientras los afiliados al organismo tienen un promedio de 31% de personal que ha cursado educación superior, en México el nivel llega a 17%.

Importador.

Llevada al mínimo la producción de Petróleos Mexicanos ante la falta de inversión en Pemex Exploración y Producción; la empresa va a importar petróleo del tipo ligero por un total de un millón 400 mil barriles.

El crudo llegará de Estados Unidos.

Como usted sabe, ese tipo de materia prima representa la mayor posibilidad de refinación.

Nace GINcapital.

Bajo la idea de vincular a los emprendedores que desarrollan unidades tecnológicas, GINgroup, encabezada por Raúl Beyruti Sánchez, acaba de crear un fondo corporativo con opción hacia América Latina y Estados Unidos.

GINcapital plantea la posibilidad de convertirse más que en socio financiero en estratégico.

Su acción ya ha logrado apuntalar a Coler, pagofácil, GINshop y GINcard.

Los financiamientos alcanzan de dos a 10 millones de pesos.

Granier, no Núñez.

Quien era el gobernador de Tabasco durante la visita de emergencia de la secretaria de Salud, Mercedes Juan, para rescatar al Seguro Popular tras desviarse las partidas federales era Andrés Granier, no Arturo Núñez Jiménez.

Este metió a la cárcel al primero.