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La luna de miel entre la comunidad científica y la cuarta transformación culminó pronto. En los primeros 100 días de María Elena Álvarez-Buylla al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) han surgido más incertidumbres que proezas. Los académicos han manifestado su preocupación ante un par de iniciativas que se gestaron al interior del nuevo gobierno y que definirán el quehacer científico del país.

El primer golpe a la comunidad fue en diciembre, con el Presupuesto de Egresos 2019, que presentó un recorte de 6.5% en el Programa Nacional de Ciencia Tecnología e Innovación, al que se le destinaron 91 mil millones de pesos, además de una disminución de 12.6% al Conacyt, monto mucho menor (24 mil millones) al asignado a todo el sexenio de Enrique Peña Nieto. A partir de aquí las alarmas se encendieron.

“El Conacyt, a diferencia de otros sectores del gobierno, tiene una debilidad intrínseca: no es una secretaría de Estado, pero si además lo debilitamos económicamente, le damos un raquítico presupuesto, le estamos negando la oportunidad de conducir el desarrollo científico de México. Fue una mala señal que el nuevo gobierno haya propuesto esta disminución, pero también llama la atención que la directora del sector (Álvarez-Buylla) no se manifestó en contra”, opina el doctor Juan Pedro Laclette, primer mexicano que codirigirió la Red Interamericana de Academia de Ciencias.

“Preocupa que la doctora María Elena no esté luchando por un aumento en el subsidio a la ciencia, la ciencia necesita recursos. Entiendo que de golpe no se puede dar 1% del PIB, pero sí debemos aspirar a un crecimiento gradual”, señala la astrónoma Julieta Fierro.

Con la disminución de recursos comenzó la crisis. Directores de 25 Centros Públicos de Investigación del Conacyt afirman que recibieron llamadas telefónicas en las que se les solicitó reducir su presupuesto en entre 3% y 5%, lo que pondría en riesgo su operación y la viabilidad de varios proyectos.

“En el Instituto Nacional de Ecología (INECOL) estamos en una situación donde cosas tan elementales como el pago del suministro eléctrico está en peligro. Tener al Instituto en estas condiciones es poner en riesgo sus actividades. Tenemos equipo muy sofisticado que requiere mantenimiento, pero si tenemos una situación tan crítica, cómo le vamos a hacer”, expreasa el investigador Juan Martínez, especialista en especies endémicas del INECOL.

Antes de asumir la dirección del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla ya estaba bajo el ojo del huracán, debido a que solicitó al entonces director, Enrique Cabrero, la suspensión de varias convocatorias como la del Programa de Estímulos a la Innovación (PEI) y los Fondos de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM). “La doctora tiene una carrera brillante como científica, pero no tiene experiencia en la administración pública. Ha afirmado que dentro del Conacyt existió un mal manejo de los recursos específicamente en el PEI, y puede ser cierto, el sexenio de Peña Nieto fue característicamente corrupto, pero está optando por una estrategia drástica: retirar recursos. Eso está mal, no es la vía. Hay que enderezar lo que se tiene, pero sin perder la continuidad porque esta medida busca cancelar proyectos que podrían ser fértiles y dejar beneficios al país”, detalla Fausto Kubli-García, coordinador del Consejo Consultivo Científico.

Desempeño cuestionable. Tras los escándalos en los que se vio inmersa la directora de Conacyt por el nombramiento de dos subdirectores (David Alexir Ledesma en Comunicación y Edith Arrieta en Cibiogem), designó a Emmanuel González como encargado del despacho de Cibiogem. Él pertenece a la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, asociación de la que ella es fundadora, y que ha manifestado públicamente su activismo contra los transgénicos.

“El que haya nombrado a una diseñadora de moda (Edith Arrieta) como responsable de investigación en Cibiogem porque es de Milpa Alta y sabe de maíz criollo es de una visión muy pequeñita. Ella es la directora de todas las ciencias de la nación, tiene a miles de investigadores que están haciendo cosas muy relevantes a nivel internacional y que trascienden, no sólo es directora de la gente que sabe de maíz. Desde el punto de vista de la bioseguridad es muy conservadora. No se da cuenta que el mundo se está moviendo a nuevos productos. Hoy, decirle no a la biotecnología es estar atrasadísimos, no está viendo a futuro”, dice Fierro.

“Fue muy triste que la nueva administración haya removido a algunos directores de los centros regionales de investigación, en especial a Beatriz Xoconostle, eminente doctora en biotecnología, la primera directora mujer del Centro de Investigación Científica de Yucatán, aparentemente por cuestiones personales. Es un tema delicado que demuestra una actitud negativa ante lo que deben de ser las relaciones científicas. Este tema personal sobre los transgénicos es verdaderamente escabroso y sesgado”, recalca Fausto Kubli-García.

Amenaza mayor. Pero el suceso que más cimbró a la comunidad fue la iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología presentada por la senadora de Morena Ana Lilia Rivera (quien no pertenece a la Comisión de Ciencia ni tiene experiencia en esta área), que busca centralizar la toma de decisiones de la política científica en un sólo organismo, y que representa una amenaza a la libertad de investigación.

“Insisto, cambiar la ley no es lo prioritario, pero si lo van a hacer deberían partir de la ley vigente o de las aportaciones que la comunidad de ciencia, tecnología e innovación entregó al entonces presidente electo en agosto. Ese sí fue un trabajo muy extenso, hubo más de 200 representantes de 80 instituciones académicas, fueron cientos de horas de sesión donde consensuamos propuestas en beneficio de la comunidad. No hay que comenzar la discusión desde cero, ya hay mucho trabajo hecho que el Presidente y las autoridades deben considerar”, argumenta el doctor Laclette.

En redes sociales, la comunidad científica ha expresado su inconformidad ante el silencio de Álvarez-Buylla sobre la iniciativa de ley. “Por qué si los directivos de Conacyt no participaron en formular la nueva ley de ciencia no se han unido a la comunidad académica para frenarla dado que limita la libertad de investigación y la autonomía. Da la impresión que ella apoya la ley por eso no ha hablado”, recalca Fierro.

Para los especialistas, la nueva administración del Conacyt camina a ciegas, pues no tiene un proyecto definido, además después de tres meses aún está lejos de tener el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología. “La directora no nos ha marcado el derrotero, nos ha dicho que va a haber apropiación social, nos ha hablado de cuestiones muy abstractas y vagas y no sabemos en concreto a qué se refiere”, agrega Kubli-García.

“A 100 días de la nueva administración del Conacyt no queda claro hacía dónde va, hubo un buen número de renuncias y las iniciativas que han presentado terminan por retractarse. No me queda claro cuál es el rumbo”, apunta Laclette.

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