Por acciones del Estado y Conacyt, comunidad científica pide poner atención en la discusión de Ley de Ciencia

Debido a la “gran cantidad de acciones provenientes de varios órganos del Estado mexicano, particularmente el Conacyt , que están afectando la operación de las instituciones del sector científico y, peor aún, la integridad y dignidad de sus miembros”, y de cara a la próxima discusión de la Ley de Ciencia , la red ProCienciaMx lanzó un llamado para que miembros de la comunidad científica , legisladores y sociedad civil en general sumen esfuerzos para trabajar en una Ley de Ciencia comprometida con “el progreso de México”.

La red está conformada investigadores de diferentes disciplinas y se conformó a mediados de 2019 como respuesta a “numerosas señales preocupantes” dado el discurso y las acciones emprendidas por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, encabezado por María Elena Álvarez-Buylla Roces .

La funcionaria tomó posesión como directora general del Conacyt en 2018 y desde entonces, “los acontecimientos no sólo han confirmado nuestra preocupación inicial, sino que han escalado hasta convertirse en un verdadero embate en contra de las comunidades dedicadas a la investigación científica, la educación superior y el desarrollo tecnológico”, expresaron los integrantes de la comunidad científica en un comunicado.

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Entre las acciones emprendidas por Álvarez-Buylla, indicaron, está la situación de los jóvenes investigadores del país que han obtenido becas para estudios doctorales, pero que “de manera inesperada, a pesar de múltiples y reiteradas expresiones de compromiso por parte de funcionarios del Fondo SENER-Conacyt , en junio de 2021 más de 300 estudiantes doctorales mexicanos fueron abandonados a su suerte en el extranjero, al no recibir respuesta a sus solicitudes de prórroga”, esto a pesar de que Arturo Herrera , entonces secretario de Hacienda, declarara que sí había fondos para atender esas peticiones.

La situación de los estudiantes de doctorado no han sido los únicos jóvenes afectados, pues está el caso de aquellos adscritos al Programa Cátedras Conacyt, al que le cambiaron de nombre a “Investigadoras e Investigadores por México” y sus lineamientos, con lo que “se pretende que parte de estos jóvenes trabajen ya no como científicos adscritos a instituciones de investigación científica, sino como empleados en dependencias del gobierno, lo cual desvirtúa el espíritu del programa original que es consolidar la formación de investigadores”.

Otras acciones que los miembros de la Red ProCienciaMX mencionaron fueron la extinción de los fideicomisos, las modificaciones al Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores ( SNI ) que se consumó sin el consenso de sus más de 30 mil miembros, aunado a ello, de forma “arbitraria y fuera del reglamento”, se conformó una Comisión Especial para que Alejandro Gertz Manero , titular de la Fiscalía General de la República ( FGR ), ingresara al SNI , pese a que en once años se le negara porque comisiones dictaminadores habían indicado que “no cumplía con los requisitos reglamentarios para la distinción”.

Una tercera afectación hacia los investigadores, señalaron, fue que el Conacyt “decidió retirar el estímulo económico que como miembros activos del SNI recibían los casi mil 600 investigadores adscritos a instituciones privadas”.

También, dijeron, está el Código de Ética del Conacyt, en el Álvarez-Buylla escribió: “Las personas que integren el servicio público del Conacyt no sólo deben ser profesionales destacados, sino también personas comprometidas con la sociedad, el medio ambiente, los derechos humanos y, sobre todo, con la ética pública reivindicada por la Cuarta Transformación”.

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En el reglamento se pide “abstenerse de emitir comentarios u opiniones negativos o desfavorables sobre las políticas o programas del Conacyt”, ser prudentes al emitir opiniones en redes sociales y procurar “preservar la integridad de la imagen institucional”, pero que, dijeron los miembros de la comunidad científica, “es confuso”.

Otra acción inició con la denuncia que el Conacyt presentó en junio de 2020 y por la que la FGR acusó a 31 científicos y ex funcionarios del Consejo y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico ( FCCyT ) de cuatro delitos: peculado, Uso ilícito de atribuciones y facultades, Operaciones con recursos de procedencia ilícita y Delincuencia organizada.

Tanto la situación de la Universidad de las Américas Puebla ( UDLAP ) y que “en las últimas semanas se ha renovado una peligrosa campaña mediática que atribuye a la academia una asociación perversa con el poder económico y le atribuye conductas elitistas o faltas de ética”, se suman a las acciones en contra de la academia mexicana.

Esa serie de acciones, dijo la red ProCienciaMX, deben ser “analizados en el escenario de la muy próxima discusión de la nueva Ley General de Ciencia, Tecnología e Innovación en el Congreso de la Unión” y por ello convocaron a que la “comunidad científica, a los legisladores y a la opinión pública a concentrar esfuerzos para promover una Ley de Ciencia que esté comprometida con el progreso de México, que aspire a beneficiar a toda la población con los avances de la ciencia, la tecnología y la innovación, que aproveche los grandes cuadros de científicos en los que ha invertido en las últimas décadas, que impulse a las nuevas generaciones para que se preparen y dediquen sus talentos en beneficio del país y que aproveche las capacidades de todos los mexicanos, sin importar si laboran en instituciones públicas o privadas, para llevar adelante los proyectos que México requiere para ser el país próspero, moderno, seguro, saludable y eficiente que todos queremos”.

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