Las acusaciones de la (FGR) en contra de 31 científicos ex funcionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología () y el (FCCyT) han provocado reacciones de instituciones e investigadores nacionales y extranjeros. A ellas se suman las emitidas por académicos de Estudios Latinoamericanos de universidades estadounidenses y europeas.

Sin embargo, esas órdenes no se han girado y por ello, dijeron: “Aplaudimos la valentía e independencia judicial de los y las juezas mexicanas que han resistido hasta ahora presiones políticas para aceptar una orden de aprehensión basada en argumentos legales dudosos. Condenamos cualquier esfuerzo por crear un clima de intimidación hacia personas dedicadas al quehacer científico. Confiamos en que se mantendrán las salvaguardias democráticas en México para garantizar un debate público abierto y continuo; y que se privilegiará el estado de derecho y un debido proceso legal, como la mejor manera de conciliar la protección de la libertad académica y la vigilancia del uso de fondos públicos con fines científicos”.

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