El pasado 25 de enero, el secretario de Turismo de México, Enrique de la Madrid sorprendió a la opinión pública al declarar en un evento organizado por la Universidad Anáhuac, que debería de considerarse la posibilidad de permitir el uso de la marihuana en los estados de Quintana Roo y Baja California Sur, reconociendo que ello le quitaría incentivos a la delincuencia organizada, que comercia con una mercancía ilegal de alta demanda.

El secretario también aclaró que con la legalización se evitaría que los turistas que vienen de Estados Unidos (EU) pudieran ser objeto de criminalización y extorsión, puesto que como su consumo ya está legalizado en ocho estados, entre ellos California, que por sí solo es la sexta economía del mundo, parecería normal su uso lúdico cuando vengan de vacaciones a México.

La declaración a título personal del secretario resulta reveladora en varios sentidos y considero que lejos de descalificarla a priori habría que tomarla en serio.

Es un reconocimiento honesto de que el consumo de marihuana se da de hecho en los destinos turísticos y que la ilegalidad, genera mercados clandestinos altamente rentables, pero de manera paralela se crea una creciente inseguridad por el control de la venta exclusiva por las bandas criminales apoyadas por algunas autoridades locales que buscan compartir las ganancias.

El pasado 10 de enero, el Departamento de Estado estadounidense modificó la escala de las alertas de viaje, quitando la severa advertencia hacia los destinos turísticos de Quintana Roo y Baja California Sur en el aviso del 22 de agosto pasado y que provocó algunas cancelaciones de viajes en los meses posteriores.

La nueva escala está diseñada por números o colores: 1) Precauciones normales (azul); 2) ejercer mayor precaución (amarillo); 3) reconsiderar el viaje (naranja), y 4) no viajar (rojo). Ambos estados fueron calificados con nivel 2. Cabe comentar que esta alerta es más específica que la anterior, ya que en algunos estados con nivel 3, se hacen excepciones.

La incorporación de estos matices resulta favorable para dichos destinos y fue en buena medida resultado de una estrategia de cabildeo y negociación promovida por el gobierno de Quintana Roo y se dio al principio de la temporada alta. Sin embargo, el tema de la inseguridad sigue causando preocupación, especialmente, en Los Cabos y tampoco significa que el problema esté resuelto. Adicionalmente, los impactos mediáticos son difíciles de olvidar.

En enero de 2017, hubo una balacera en una discoteca en Playa del Carmen, Quintana Roo ampliamente difundida en los medios internacionales. La reacción de las autoridades locales fue la de mandar a elementos de la Armada a custodiar las playas. La foto de unas turistas extranjeras mostrando su incomodidad por estar al lado de un vigilante con metralleta en mano fue más que evidente. Una imagen vale más que mil palabras.

El turista no sólo necesita sentirse seguro, sino también que no sea objeto de abusos. Por ejemplo, que al momento de rentar un automóvil no lo engañen con cobros adicionales de seguros que no estaban en el mostrador, que no sea extorsionado por un policía por supuestas faltas de tránsito o de otra índole, etcétera.

No se trata de hacer la apología de consumo de marihuana cuyo olor a muchos nos resulta desagradable. Si con el consumo del tabaco, una droga legal, se ha garantizado el derecho de los no fumadores a no serlo de manera pasiva en los restaurantes y lugares públicos, con aquélla se tendría que establecer más restricciones regulando su uso.

De la Madrid en alguna de las entrevistas que ofreció para aclarar el punto, argumentó que la propuesta buscaba reducir los crecientes niveles de inseguridad y estaba cierto de que ello implicaría modificar el marco legal, porque en EU la no prohibición es una decisión que pueden tomar los estados, pero en nuestro país no.

Aunque muchos comentaristas e incluso candidatos cuestionaron las declaraciones, lo relevante es que volvió a ponerse sobre la mesa el debate sobre si es más conveniente seguir con el esquema prohibicionista o adoptar uno regulador donde el Estado, en sus tres niveles de gobierno, regule la producción y el consumo de la marihuana.

Addendum. El FMI subió sus perspectivas para México en 2018 y 2019. Sin embargo, no se aclaran varias cosas: 1) los pronósticos del PIB de octubre pasado estaban hechos con el año base anterior; 2) si bien es cierto que las expectativas de EU subieron y podrían alentar las exportaciones nacionales, el organismo apuesta a: una favorable renegociación del TLCAN; un proceso electoral y a una transición sexenal sin complicaciones, y, un impacto menor de la reforma fiscal de EU, cuando antes nos había dicho que estos riesgos generarían incertidumbre y por ende menor consumo e inversión. ¿Por qué el cambio?

Catedrático de la EST-IPN
Email: pabloail@yahoo.com.mx

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