Cuestionan al Senado por derechos de audiencias

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El Senado firmó la sentencia de muerte de los derechos de las audiencias al modificar los artículos de la ley relacionados con esta materia, aseguraron analistas del sector.

“Fue una sentencia de muerte, más en medios privados, pues en algunos medios públicos son moribundos porque quedan con vida en las defensorías”, mencionó Gabriel Sosa Plata, analista en telecomunicaciones.

Sin embargo, podrían tener una reactivación si en 2018 el asunto llega a la Corte derivado de controversias o amparos interpuestos por ciudadanos.

Agregó que los cambios se hicieron con la intención de dejar sin materia a la Corte.

“La materia de las controversias era lo que estaba en la ley, y lo que se derivaba de ella eran los lineamientos; entonces, dejan a la Corte sin tema, porque ya la ley que se está reformando es otra”, explicó.

El pasado jueves, el Pleno del Senado aprobó el dictamen por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión relacionadas con derechos de las audiencias.

Se deroga que los concesionarios se abstengan de transmitir publicidad o propaganda como información periodística o noticiosa, derogan la figura de suspensión precautoria de transmisiones, los medios se autoregularán con un código de ética propio y el IFT no sancionará, sólo tiene atribuciones para vigilar.

La Corte tenía pendiente discutir dos controversias constitucionales contra los artículos de la ley relacionados con derechos de las audiencias y contra los lineamientos generales de éstos interpuestos por el Ejecutivo y el Senado.

Tras los cambios aprobados por el Congreso, “se concreta el madruguete al Poder Judicial, porque sin esperar el control constitucional que debería hacer la Corte ante las controversias de los lineamientos del IFT, legislaron para que la Corte se quede sin materia”, señaló Aleida Calleja, coordinadora de Advocacy en Observacom.

Calleja dijo que esto significa “la prostitución” de las facultades del Congreso, que en lugar de legislar para el interés general, legisla para el interés de unos cuantos.