Cuando los precios de los futuros de maíz de la Bolsa de Chicago subieron a inicios de 2025, muchos productores mexicanos respiraron aliviados tras meses de precios deprimidos. Sin embargo, ese alivio fue momentáneo y engañoso. El campo mexicano enfrenta una trampa estructural; los precios se determinan externamente, los apoyos llegan tarde o no llegan, y la dependencia alimentaria exterior crece sin freno.

A inicios de 2026 los futuros del maíz en Chicago rondaban 4.20 dólares por bushel, presionados por exceso de oferta y demanda lenta, tras una cosecha récord en Estados Unidos. Este excedente define el precio de referencia para el productor mexicano. El problema de fondo es la ausencia de índices propios. Así el maíz blanco nacional compite en desventaja frente al maíz amarillo en Chicago, mientras los mecanismos de cobertura pública resultan insuficientes.

El Comité Técnico Nacional de Administración Integral de Riesgos del IMEF advierte que, aunque existen instrumentos de cobertura en mercados agrícolas, estos son inaccesibles para la mayoría de los productores por falta de educación financiera, capital y acompañamiento. Aquí surge el principal riesgo: el riesgo de mercado. No es solo precios bajos, sino de ausencia de control sobre su formación. Factores externos (geopolítica, producción global o política monetaria), pueden deteriorar los márgenes en días. Cuando los precios suben por razones especulativas, el productor no siempre captura esa ganancia; cuando bajan, absorbe completamente la pérdida, agravada por el aumento en insumos.

La respuesta gubernamental ha sido insuficiente y en muchos casos, contraproducente. Se han negado subsidios adicionales y aumentar los precios de garantía más allá de 6 mil 150 pesos por tonelada, aunque los productores reclaman 7 mil 200 pesos para cubrir sus crecientes costos de producción. Mientras tanto, hay millones de toneladas de maíz pendiente de venta en Bajío, Sinaloa y Chihuahua, porque los retrasos en apoyos dificultan la comercialización y aumentan la presión en el mercado. El productor que almacena grano en espera de mejores precios o apoyo no solo pierde tiempo: paga almacenamiento, pierde liquidez y endeudamiento creciente.

El IMEF señala que la falta de certidumbre en los apoyos al campo refleja una falla institucional con impacto macroeconómico. Al cierre de noviembre de 2025, México producía solo 44.1% de lo que consume en granos y oleaginosas, consolidándose como el segundo mayor importador mundial del sector y principal importador global de maíz blanco y amarillo. La política pública sigue enfocándose en el pequeño productor, que representa el 84% de las unidades de producción, pero genera sólo 26% del volumen, excluyendo a 16% de productores que abastecen a 74% del mercado nacional.

La autosuficiencia en maíz cayó de 53% en 2018 a cerca de 44% en 2026. En términos prácticos, el país produce menos de la mitad de lo que consume. Y tenemos un escenario no neutral por el T-MEC. La integración comercial bajo el tratado reafirma que México es el mercado más relevante para la colocación de excedentes agrícolas estadounidenses, sobre todo en maíz, trigo y soya. Dicho de otro modo: mientras México no construya una cadena agroalimentaria funcional en territorio nacional, el acuerdo comercial será un mecanismo que profundiza la dependencia y no un promotor de desarrollo rural.

No estamos en inseguridad alimentaria. La tendencia apunta a un riesgo sistémico. Una cadena agroalimentaria debilitada puede traducirse en presiones inflacionarias, deterioro de la balanza comercial y mayor vulnerabilidad económica. Un problema sectorial puede escalar a uno macroeconómico. Los riesgos del campo no son solo agrícolas, son financieros y nacionales. Mitigarlos exige precios de referencia propios, acceso efectivo a derivados y certidumbre institucional. De lo contrario, la exposición a la incertidumbre persistirá y la dependencia alimentaria en México continuará profundizándose.

Integrante del Comité Técnico Nacional de Administración Integral de Riesgos del IMEF

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