“El cómo es parte constitutiva del qué”.
-Flavia Freidenberg
Luego de la profunda crisis post electoral de 1988 fue claro que México no podía ir a otros comicios con las mismas instituciones. Era imprescindible construir confianza para que las elecciones fueran creíbles y los ganadores apreciados como legítimos.
La reforma de 1989-90 se hizo cargo del asunto. La Comisión Federal Electoral fue arrojada al cesto de la basura y se inventó un nuevo organismo, el Instituto Federal Electoral, encargado de la organización de las elecciones federales. Su máxima autoridad sería su Consejo General y en su conformación (barroca) se intentó ofrecer garantías de imparcialidad, única forma de inyectar confianza en los comicios. La presidiría el secretario de Gobernación, dos senadores (uno de la mayoría y otro de la primera minoría), dos diputados (igual), representantes de los partidos de manera proporcional (entre 4 y 1 según su votación) (en la CFE última el PRI había tenido 16 representantes de un total de 31) y lo que fue una novedad: seis consejeros magistrados, propuestos por el presidente de la República y aprobados por mayoría calificada en la Cámara de Diputados a los que se pensaba como el fiel de la balanza.
Luego, resultó evidente que no solo los representantes de los partidos eran parciales (no podía ser de otra manera), sino también los consejeros de las instituciones estatales (que bajo la camiseta institucional tenían la de algún partido). Por ello, en 1994 los representantes de los partidos perdieron su voto en el Consejo y cada uno solo tendría un representante. Los consejeros magistrados fueron remplazados por consejeros ciudadanos, que ya no serían propuestos por el presidente, sino por los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados y se requería de una votación calificada para su aprobación. Y dado que ningún partido tenía el 66.7% de los escaños eran imprescindibles negociación y acuerdo. A partir de entonces, la mayoría de los votos (6 de 11) estaban en manos de esos consejeros.
Fue en 1996 cuando el secretario de Gobernación (y con él el gobierno) salió del IFE y los consejeros del Poder Legislativo perdieron su voto. Solo los ahora llamados consejeros electorales decidirían sobre el rumbo del IFE. Serían 8 y un consejero presidente, nombrados por la Cámara de Diputados por mayoría calificada. Se buscaba con ello que las diversas fuerzas políticas llegaran a un acuerdo, es decir, que los “jugadores” estuvieran de acuerdo con los “árbitros”. Se subrayaba la autonomía del IFE, condición de su comportamiento imparcial. Eso se logró en los sucesivos nombramientos, salvo en aquel 2003 en el que la alianza PRI-PAN dejó fuera al PRD-PT-Convergencia. Pero después de ese desencuentro una y otra vez se forjaron acuerdos que fortalecieron la autonomía de la institución.
Pues bien, desde que Morena y sus aliados son mayoría en la Cámara de Diputados (y a partir de 2024 mayoría calificada espuria), les parece que ofrecer garantías de imparcialidad del órgano electoral es un lujo innecesario. Primero acudieron a un sorteo en el cual los dados estaban cargados en la confección de las quintetas, y ahora ni siquiera hicieron el esfuerzo de acordar con los partidos opositores. Los tres partidos oficialistas fueron suficientes para alcanzar el 66.7% de los votos, dejando fuera del acuerdo a PRI, PAN y MC.
“Ser y parecer” dicen que deben ser atributos de la mujer del César. La actual mayoría no es y ni siquiera quiere parecer interesada en que la autoridad electoral sea imparcial, autónoma.
Profesor de la UNAM