La informalidad se expandirá y más negocios cerrarán por el recorte paulatino a la jornada laboral y las alzas al salario mínimo, coincidieron dirigentes empresariales.
En entrevista con EL UNIVERSAL, pidieron que el costo de estas medidas se comparta entre empleador y gobierno, mediante la deducibilidad al 100% de las prestaciones laborales y un esquema de subsidio a horas extras para Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).
Indicaron que los costos de las empresas subieron significativamente en el sexenio pasado no sólo por las alzas aceleradas al salario mínimo, que se multiplicará de 88 a 315 pesos diarios entre 2018 y 2026, sino porque desapareció la subcontratación y aumentaron días de vacaciones y la prima vacacional, lo que tiene mayor impacto en la industria manufacturera.

Advirtieron que la tasa de informalidad laboral subió de 54.1% a 55.7% en el último año ante los mayores costos de las empresas.
El líder de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Juan José Sierra Álvarez, dijo que sólo deduciendo todas las prestaciones se podrá convencer a los informales de que se formalicen.
“Si solo hablamos de reformas laborales, pero no de incentivos, ni tampoco de mejores condiciones y sin crecimiento de la economía, van a aumentar los costos y disminuir las ventas”, señaló.
“Sin incentivos, habrá cierre de negocios y el emprendedor formal buscará ahorrarse los impuestos y operar en informalidad, que es más fácil y barata”, opinó.
El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, estimó que reducir la jornada de 48 a 40 horas sin un esquema de apoyo significarán costos de hasta 65 mil pesos adicionales por trabajador, “lo que afectará la capacidad de generar y mantener empleos”.
“Se debe incentivar la contratación formal, en lugar de castigarla con más carga fiscal”, comentó.
El socio gerente regional del despacho Fisher Phillips, Germán de la Garza, dijo que preocupa la disminución de la jornada, dado el bajo crecimiento económico y elevará los costos laborales entre 20% y 30%.
Al reducirse de forma gradual, dos horas por año, habrá tiempo de modelar las finanzas y procesos de cada empresa, explicó.
Desde su punto de vista, la informalidad es un problema histórico y estructural, por lo que para revertirla se necesitan urgentemente mecanismos de contratación formal flexibles.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Vicente Gutiérrez Camposeco, explicó que las medidas laborales obligaron a las empresas a revisar contratos, ajustar horarios y cuantificar impactos financieros, con efectos directos sobre su rentabilidad, sobre todo en las Pymes.
“Los cambios tienen costos directos e indirectos, dificultan cumplir con las disposiciones y la competencia de los informales, lo que evidencia que el costo de la formalidad sigue siendo un umbral difícil de superar”, opinó Gutiérrez.
“El riesgo es un aumento en la informalidad parcial o total, así como el cierre de empresas derivado de la presión financiera y la caída en la rentabilidad y viabilidad de los negocios”, alertó.
“Los ajustes vigentes fortalecen los derechos de los trabajadores, pero sin políticas complementarias de productividad, apoyos transitorios, acompañamiento y simplificación administrativa, la presión sobre las Pymes puede derivar en un aumento de la informalidad y en cierres de empresas, afectando la estabilidad del tejido productivo en una economía de bajo crecimiento”, insistió Gutiérrez.
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