Gobierno y empresas deben negociar antes de un arbitraje internacional por ley eléctrica: ICC

Las empresas del sector energético tienen al menos tres alternativas para defenderse ante el Decreto de Reforma por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica , dijo la International Chamber of Commerce ( ICC ) México, pero una de las salidas puede ser la negociación antes de iniciar litigios que llevarán años.

El presidente del ICC México , Claus Von Wobeser , explicó que con la publicación del Decreto el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación , el sector privado puede iniciar con su defensa a través de amparos ante el Poder Judicial Federal; controversias constitucionales; iniciar disputas por conflictos entre inversionista-Estado ya sea vía tratados comerciales o acuerdos de inversión; y arbitrajes internacionales.

Las primeras acciones legales que se verán, por parte de los generadores privados, serán los amparos, así como controversias constitucionales tanto por parte de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) como por parte de legisladores de la oposición.

Sobre el número de empresas que podrán presentar amparos dijo: “Serán todas las empresas las que presentarán los amparos, se prevé que todas van a hacer valer sus derechos, independientemente de que hay organismos que presentarán una controversia constitucional, por ejemplo, la Cofece ”.

Wobeser expuso que “en caso de que no haya una decisión favorable en la Suprema Corte continuaremos con los arbitrajes y controversias inversionista-Estado”.

El líder del ICC México expuso que el sector privado tiene aproximadamente tres años para iniciar arbitrajes internacionales de inversión en contra de esta ley.

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Pero, recordó que la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, dijo recientemente que hay posibilidad de negociar, porque el gobierno veía favorable trascender estas controversias.

El Presidente del ICC afirmó que las resoluciones de arbitrajes internacionales tardan entre tres y cuatro años, lo que significa que tanto empresas como gobiernos tendrán costos por llevar esos litigios, además de que se vio en otros países como Ecuador y Argentina que conflictos por expropiaciones petroleras llevaron a los Estados a pagar miles de millones de dólares.

“Son ejemplos de arbitraje que se ven las consecuencias dentro de mucho tiempo. Es mejor un mal arreglo que un buen pleito, no entrar a un pleito con el gobierno mexicano, es mejor tratar de llegar a un arreglo, también para el país lo peor sería un litigio”, expuso.

El representante del ICC, Alejandro Ogarrio, dijo que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “prevén medios de defensa cuando una empresa considera que se han afectado sus intereses dentro del tratado”.

Así que más que represalias que pueden tomarse contra México, son formas de ejercer los derechos previstos en cada tratado.

Liliana Anzaldua Medina y Héctor Garza del ICC, añadieron que hay también preocupación por la parte ambiental, porque esta reforma va contra los compromisos internacionales en emisión de gases, incluso es un retroceso, ya que considera el uso de combustibles fósiles para generación.

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