Hay 337 cargos bajo la lupa antilavado

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Una lista de 337 cargos a los que se les debe seguir la pista para efectos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo entregó la administración saliente al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Se trata de las personas políticamente expuestas nacionales de la administración pública federal, que para efectos del combate de lavado de activos deben tener las instituciones financieras para reportar a la Unidad Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) cualquier operación sospechosa.

Hay 337 cargos bajo la lupa antilavado

También los representantes en el extranjero de la PGR y de las dependencias de la Administración Pública Federal.

Además, se incluye los puestos ocupados en la administración pública paraestatal como los titulares, servidores públicos de segundo y tercer nivel de conformidad con su estructura, liquidadores, representantes en el extranjero de dichas entidades, así como los miembros propietarios de las juntas de gobierno o directiva, Consejos de Administración o Comités Técnicos, u órganos equivalentes, según corresponda.

Se pone de manifiesto que los cargos que deben considerarse como personas políticamente expuestas nacionales son de manera enunciativa más no limitativa.

De acuerdo con las reglas, si bien las entidades financieras deben checar la lista y actualizarla con los nombres de los funcionarios del nuevo gobierno, no se les debe perder la pista a los ex presidentes, ex secretarios y demás que se incluyen.

Los bancos y otras entidades financieras como las sociedades financieras de objeto limitado, sociedades financieras de objeto múltiple, casas de cambio, centros cambiarios y transmisores de dinero están obligados a checar la lista.

También las entidades de ahorro y crédito popular, almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de factoraje financiero, casas de bolsa, sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro, instituciones y sociedades mutualistas de seguros, instituciones de fianzas y uniones
de crédito.

De igual manera, las que realizan actividades vulnerables como casinos, distribuidores de autos, empresas de blindaje, joyerías, notarios agentes aduanales, inmobiliarias, y otras sujetas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

Balance. De acuerdo con la SHCP, la UIF contribuyó en el cumplimiento del objetivo número cinco del Programa Nacional de Financiamiento del Desarrollo 2013-2018 (Pronafide), al proteger el sistema financiero mexicano, a través de medidas de detección y prevención, de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Lo anterior, a través de los siguientes procesos: 1) recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; 2) analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada, y 3) diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo y en su caso, presenta las denuncias correspondientes ante la autoridad competente.

En el periodo comprendido entre 2014-2017, la UIF presentó 421 denuncias ante la PGR por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La información más reciente de 2017 indica que la Unidad de Inteligencia de la SHCP recibió 18 millones de reportes de operaciones del sector financiero, y 3.1 millones de avisos de operaciones del sector no financiero.

Para obtener mejores resultados se incrementó la capacidad de procesamiento de la base de datos, con lo cual se puede recibir y consultar nuevas fuentes de información que se han incorporado en los procesos de análisis de la Unidad antilavado, así como para validar la información enviada en avisos por más de 70 mil sujetos obligados con actividades vulnerables que se dieron de alta en el portal de prevención de lavado de dinero, que está a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Además, se generó una metodología de análisis de redes de vínculos financieros para identificar posibles grupos que estén operando con recursos de procedencia ilícita.