Ricardo Ramírez, mexicano árbitro del Banco Mundial

Podrá participar en tribunales que resuelven juicios de inversores y gobierno
03/10/2017
01:43
Ivette Saldaña
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El Banco Mundial incorporó al mexicano Ricardo Ramírez Hernández, a la lista de árbitros del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), con lo que en los próximos cuatro años podrá participar en tribunales arbitrales para resolver diferencias entre inversionistas y gobierno.

El especialista, licenciado en Derecho por la UNAM, cuenta con maestría en Derecho Comercial Internacional del Washington College of Law de la American University y es aún juez del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Cómo juez de la OMC permanecerá hasta que se haga pública la decisión del caso en el que participa sobre subsidios a aviones otorgados por las Unión Europea a Airbus, conocido como Comunidades Europeas: Grandes Aeronaves Civiles.

En tanto, en el Banco Mundial se incorporó a la lista de árbitros desde el pasado 15 de septiembre.

Cabe mencionar que el CIADI es un organismo que lo integran cuatro árbitros propuestos por cada uno de los países firmantes del Convenio del CIADI, al cual México no pertenece. Además de que hay 10 personas seleccionadas por el presidente del Banco Mundial, que fue la forma en que entró al grupo de expertos Ramírez Hernández.

Con lo que podrá formar parte de tribunales arbitrales establecidos conforme a distintos instrumentos internacionales que contemplan mecanismos de solución de controversia para dirimir diferencias entre Estados e Inversionistas, como el de Metalclad o Telefónica.

Además, podrá participar en tribunales o comités de anulación que revisan laudos o decisiones de estos tribunales. Ramírez es el segundo mexicano en formar parte de dicha lista, mientras que el primero fue Claus Von Wobeser.

Dicho nombramiento se da en el contexto de la discusión actual sobre estos mecanismos de solución de controversias en varios tratados de libre comercio, como se vio con
la propuesta de la Unión Europea
de crear un tribunal permanente para resolver controversias en materia de inversión.

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