Las Cámaras Europeas de Comercio e Industria enviaron una misiva a la titular de la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, en la que le advierten que los cambios en materia energética frenan el interés a favor de México, merman la confianza por falta de seguridad jurídica e impedirán el arribo de inversiones en éste y otros sectores.

La Asociación Mexicana de Cámaras de Comercio e Industria de Países Europeos explicó en una misiva de dos cuartillas que otro tema que preocupa es que el gobierno mexicano no ha adoptado medidas suficientes de apoyo a empresas formales, a diferencia de lo que sí han hecho otros países de la OCDE y América Latina.

A pesar de la crisis eco­nómica por el Covid-19, no hay suficientes apoyos, por lo que piden “una reunión para ver de qué manera las empresas que representamos pueden participar de forma segura en el crecimiento del país.

“La confianza en México de un creciente número de inversionistas europeos se ha visto mermada por la falta de seguridad jurídica”, dice la carta que firman las cámaras alemana, española, francesa, italiana y nórdica.

Contrario a lo que se acordó en la actualización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM) y el Acuerdo entre México y la Asociación Europea del Libre Comercio de abrirse a nuevas inversiones y de crear empleos, las modificaciones “frenan el interés a favor del país e impiden la llegada de futuras inversiones”.

Expuso que los empresarios europeos vieron con asombro la decisión que tomó el gobierno de frenar el aprovechamiento de las energías renovables en el país, lo que “repercute negativamente” en el esfuerzo de producir de manera sostenible en México y afecta inversiones también en otros sectores.

Las cámaras aseguraron que representan más de 18 mil empresas, equivalentes a 26% del total de firmas extranjeras registradas, con más de 160 mil millones de dólares, es decir, 29% de la inversión extranjera en México.

Monopolio público

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) criticó que las acusaciones del gobierno federal sobre que existe corrupción en la participación de privados en la generación de electricidad por energías alternas, pretende ocultar en realidad la idea de convertir a esa industria en monopolio público.

En comunicado, advirtió que esta postura hará que la electricidad sea más cara y contaminante.

“No nos dejemos engañar: el objetivo último de esta política es desplazar la generación de los privados, que es más barata y eficiente, con energía sucia de las centrales de la CFE que funcionan con combustóleo. Las consecuencias serán una energía más cara, que contaminará más, y que requerirá de mayores recursos públicos para subsidiar tarifas o elevar tarifas cuando no haya recursos para subsidiarlas”.

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