El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada por el Congreso, su gobierno podrá sentarse a negociar con las empresas un pago justo por la energía que le venden a CFE y se acabará con los subsidios que se pagaban.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, dijo que su gobierno está abierto a la negociación como ocurrió con los contratos de los gasoductos, pero con Iberdrola no hubo respuesta, y eso —dijo— lo llevó presentar la iniciativa de modificación de la ley de la industria eléctrica para estar en mejores condiciones y defender el interés público.

Señaló que junto con Iberdrola, otras 10 empresas concentran el manejo del mercado eléctrico, entonces con ellas buscarán acuerdos, para seguir manteniendo los contratos, pero que estén actualizados a la nueva realidad económica y política del país.

El presidente López Obrador informó que, según un cálculo general, la Comisión Federal de Electricidad ha pagado alrededor de 300 mil millones de pesos de más por estos contratos que anunció se renegociarán.

“Es injusto que una gran corporación no pague la luz igual como la paga un consumidor de clase media proporcionalmente hablando”.

Adelantó que habrá un plan de modernización de las termoeléctricas del país para producir más energías limpias y baratas.

Sin violar Constitución

El Presidente aseguró que su reforma no viola derechos constitucionales, por lo que confió en que no pasen las impugnaciones que presente la oposición ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Si se está aprobando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores una inactiva enviada por el Ejecutivo, dos poderes, pues sólo que sea una violación flagrante a la Constitución.

“No hay nada que viole derechos constitucionales. De todas maneras hay que esperar la decisión del Poder Judicial y todo el mundo tiene derecho a acudir al amparo y a la protección de la justicia, no hay problema”.

El mandatario mexicano manifestó que sus “enemigos” buscan infundir miedo a los inversionistas, al asegurar que el gobierno federal busca expropiar empresas, tema que rechazó.

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