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Efectos indirectos del gasolinazo

En semanas recientes el tema que ha acaparado una porción importante de las noticias y artículos de opinión es el gasolinazo y los efectos directos asociados a este.
18/01/2017
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En semanas recientes el tema que ha acaparado una porción importante de las noticias y artículos de opinión es el gasolinazo y los efectos directos asociados a este. Sin ánimo de entrar en una acalorada y poco fructífera discusión sobre la deseabilidad de esta medida, no hay que perder de vista uno de los posibles efectos indirectos que generará en el corto plazo en materia de seguridad. No me refiero a los saqueos presuntamente espontáneos registrados en tiendas de autoservicio sino al incremento de robo de combustible del que será objeto Pemex en los siguientes meses.

El robo de hidrocarburos no es una novedad. Desde hace 10 años se han documentado diferentes tácticas de organizaciones criminales para extraer y comercializar los hidrocarburos sin que exista a la fecha una respuesta institucional punitiva o tecnológica que aumente el costo esperado de la comisión de estos ilícitos y reduzca de manera sistemática la incidencia. Este delito se ha consolidado como una actividad fundamental de ciertos grupos de delincuencia organizada. Cada año se alcanzan cifras récord de averiguaciones previas iniciadas por este delito así como cifras récord de tomas clandestinas halladas a lo largo de la red de distribución de Pemex. Tan solo considere que al día la empresa productiva del Estado pierde 3 millones de dólares por esta causa[1].

En 2014 el Observatorio Nacional Ciudadano publicó el estudio Robo en México, ¿un delito cotidiano? En dicho estudio se analizó el robo de hidrocarburos y electricidad en términos de la respuesta de las autoridades de procuración de justicia. Uno de los hallazgos fue que las averiguaciones previas iniciadas así como las consignaciones por parte de PGR mostraban una tendencia creciente hasta agosto de 2014. De acuerdo con nuevos datos[2] se confirmó que esta tendencia continúa.

En este artículo pretendo analizar dos aristas del problema[3]. Por un lado, los efectos inmediatos del incremento de precio de la gasolina en la incidencia delictiva y en la oferta de combustible robado. Por otro lado, los efectos del incremento de robo de combustible en la entrada de empresas al mercado y las consecuencias de no atender este problema de manera prioritaria.

 

Efectos de primer orden

De acuerdo con el modelo estándar de economía del crimen, el ingreso criminal es una combinación de la probabilidad de castigo y el valor del bien robado. Si el valor del bien robado aumenta y se mantiene constante la probabilidad de detección, el ingreso criminal incrementará. En este sentido, dado el nuevo precio de la gasolina es razonable afirmar que el ingreso derivado del robo de combustible (al menos de gasolina) aumentará lo que hará más atractiva esta actividad[4] en términos relativos. En otras palabras, esto sugiere que en los próximos meses el robo de combustible, en específico, de gasolina crecerá. Esto se traducirá en una mayor oferta de gasolina en el mercado negro.

A su vez, el incremento de precio abre un diferencial entre el precio de venta en el mercado legal y el mercado negro lo que temporalmente conduciría a ganancias extraordinarias para las organizaciones criminales si la demanda de gasolina robada aumenta. El descontento social observado en días recientes podría indicar que algún porcentaje de la demanda de gasolina legal podría transferirse temporalmente al mercado negro[5].

Bajo esta perspectiva, hay que tener en cuenta las diversas formas de comercialización de los combustibles robados identificadas hasta el momento son:

  1. Tambos a la venta en carreteras, pueblos o ciudades pequeñas
  2. Venta al mayoreo a medianos consumidores (pequeñas fábricas, empresas de autotransporte) o para el mercado externo
  3. Estaciones de servicios a quienes se les vende el combustible robado bajo coacción
  4. Mercado formal por medio de estaciones de servicio piratas

Se esperaría que la oferta creciente de gasolina robada se comercialice a través de los canales enunciados, aunque de manera más marcada mediante canales ubicados en áreas donde la aplicación y observancia de las leyes es más precaria. Tal como revela un relato del estudio del ONC previamente citado[6]:

 

“Durante nuestro viaje por la carretera de Coatzacoalcos a Villahermosa nos detuvimos varias veces en el camino, en algunas ocasiones solo para cargar gasolina y en otras tantas para estirar las piernas y comprar refrescos o café. Podría haber sido un viaje como cualquier otro pero cuando llegamos a Agua Dulce en Veracruz e hicimos un alto en una gasolinera, un despachador se acercó a mí y confiadamente me dijo:

– Güerita aquí le va a salir más cara la gasolina si quiere yo le puedo decir dónde la consigue más barata. Siguiendo aquí nomas unos 2 kilómetros pa’lante, a poco no quiere que le rinda más su dinero, garantizada es de la güena y no está rebajada como otras. Ándele yo le digo por quién preguntar–

Lo recuerdo muy bien porque así fue mi primer contacto con una realidad que para mí era un tanto intangible y hasta difícil de creer, puesto que solo había escuchado en los noticieros en innumerables ocasiones sobre el robo y venta de hidrocarburos de procedencia ilícita  en nuestro país.”

 

Efectos de segundo orden

Una de las palabras favoritas de los economistas es competencia. Lograr estructuras de mercado competitivas es uno de los objetivos de política más atractivos y loables. Menores precios, mayor calidad y mayor bienestar. En la práctica lograr que este sueño se concrete requiere más que buenos deseos. Para que el precio de la gasolina disminuya es necesario garantizar condiciones de operación mínima para las empresas entrantes a lo largo de toda la cadena productiva.

Estas condiciones de operación tienen que ver con la definición y protección de los derechos de propiedad. Para ser más claros, suponga que una empresa desea invertir en la distribución de combustible (ya sea mediante ductos o autotanques) o en la comercialización del mismo en estaciones de servicio. Cuando en determinada región hay niveles elevados de robo de combustible mediante la ordeña de ductos o el robo de las unidades transportadoras sin que las autoridades competentes intervengan de manera exitosa, los incentivos de la inversión se esfuman.

La dinámica de cualquier mercado requiere un gobierno capaz de proteger los derechos de propiedad. Tristemente, en el caso de Pemex este no ha sido el caso. Pese a que la PGR logra consignaciones por este delito, la empresa productiva del estado ha optado por buscar soluciones fuera de México. Tal es el caso del bloque de demandas iniciadas en Estados Unidos contra 23 empresas que adquirieron condensado robado proveniente de la cuenca de Burgos entre 2007 y 2009. De acuerdo con Linares y Montalvo[7] (2016), los resultados de estos procesos judiciales no fueron exitosos pues de los 300 millones de dólares que la empresa mexicana pedía solo obtuvo 71 millones de 5 empresas pero ninguna tuvo fondos para pagar. La investigación asevera que Pemex no pudo probar que el condensado utilizado por las empresas demandadas fuera robado.

Recurrir a las instancias nacionales de protección como los servicios que ofrecen la Policía Federal o las Fuerzas Armadas ha sido la solución temporal[8]. Sin embargo, esto es posible dada la naturaleza e importancia de Pemex. ¿Pueden las empresas entrantes con menor poder contar con estos apoyos? La realidad es que esta posibilidad es dudosa. Estas empresas tendrían que incorporar a sus estrategias de negocio medidas intensivas de seguridad privada si es que el retorno de la inversión lo amerita.

 

¿Cómo pinta el panorama?

Algunos encontrarán en este artículo un argumento adicional en contra del gasolinazo. Sin embargo, esa lectura sería errónea. Con o sin política de liberalización de precios, diariamente Pemex pierde millones de dólares. Es cierto que con la nueva política de precios se fomentará el robo de combustibles, crecerá el mercado de gasolina robada y por lo tanto, las pérdidas económicas de la empresa serán mayores. También es cierto que ante una mayor incidencia de robos, las condiciones para empresas entrantes se tornan menos favorables por lo que alcanzar ese ideal de competencia se aparta. Pero creer que la solución de este problema son los precios constituye un craso error.

Desde mi perspectiva, los efectos indirectos del gasolinazo esbozan un panorama poco alentador en materia de seguridad. Atender este problema debería ser una prioridad del gobierno en estos últimos dos años. ¿Cómo solucionarlo? De eso tratará mi siguiente artículo.  

 

Manuel Vélez

Coordinador de Estudios Especiales

@VelezManuel @ObsNalCiudadano

 

[1] Avendaño, L. (2016). The Political, Economic, and Social Roots of Energy Insecurity in Mexico. Journal of Economics, Business and Management. 4(7) 460-465.

[2] Bargent, J. (2017). Empleados de petrolera mexicana involucrados en robo de petróleo: Policía. En Insight Crime: http://es.insightcrime.org/noticias-del-dia/empleados-petrolera-estatal-mexicana-involucrados-robo-petroleo-policia

[3] Para una lectura diferente de las implicaciones del robo de hidrocarburos refiérase a este artículo: http://www.eluniversal.com.mx/blogs/observatorio-nacional-ciudadano/2016/07/22/la-sociedad-los-valores-y-el-crimen-organizado

[4] Sin embargo, por efectos de congestión el incremento del ingreso promedio estará acotado. En otras palabras, la competencia por el botín atenuará el incremento del ingreso promedio.

[5] Este cambio de la composición de la demanda se atenúa al considerar los costos de información en que incurren los demandantes de productos robados. Los demandantes tienen que dedicar recursos para buscar dónde se venden y también para identificar si el bien a adquirir en el mercado negro es un sustituto perfecto o imperfecto.

[6] Op. cit

[7] Linares, R. y Montalvo, T. (2016). Pemex perdió US$300 millones en juicios por robo de combustible en EEUU. En Insight Crime: http://es.insightcrime.org/analisis/pemex-perdio-us-300-millones-juicios-robo-combustible-eeuu

[8] Asimismo, destacan los mecanismos tecnológicos de detección temprana de tomas clandestinas.

El Observatorio Nacional Ciudadano es una organización de la sociedad civil que vincula a las organizaciones civiles para potenciar su incidencia en las políticas y acciones de las autoridades.
 

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