Hablar de derechos humanos en un país donde la impunidad es del 99%, la desconfianza de la ciudadanía en las autoridades es cada vez mayor y las violaciones a los derechos fundamentales son sistemáticas y generalizadas, es frustrante y decepcionante, sin embargo es necesario para visibilizar la grave crisis en la que nos encontramos.
Los que nos dedicamos al análisis de la violencia y la criminalidad vemos como el sistema de justicia penal en nuestro país es obsoleto. Las cifras se ocultan, los programas y proyectos de gobierno no se basan en una evidencia para su realización y ni hablar de la evaluación de los mismos.
Si analizamos cada apartado del sistema de justicia penal, nos encontraremos con grandes áreas de oportunidad desde la corrupción en los niveles más bajos hasta la creación de culpables y la poca eficacia que existe de que los centros penitenciarios sean realmente espacios de readaptación social. La toma de decisiones se basa en la reacción más que la prevención, y lo vemos en instalaciones de mesas, comisiones, legislación en nuevas materias que pocas veces se lleva a la práctica.
Tal es el caso de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes como una violación de derechos humanos que afecta no solo a quien la sufre, sino a la colectividad. En este sentido, las autoridades mexicanas se niegan a aceptar estas prácticas o minimizan la importancia de su uso generalizado.
Según un estudio de Amnistía Internacional “Fuera de control, tortura y otros malos tratos en México” la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes se realiza en nuestro país desde hace varios años. En las décadas de 1960 a 1980 se utilizó la tortura de forma generalizada y sistemática contra presuntos delincuentes y que hasta la fecha existen muy pocos detenidos e investigaciones iniciadas al respecto.[1]
En diciembre de 2012, el Comité de la ONU contra la Tortura señaló la existencia de "informes recibidos que se refieren al alarmante aumento del uso de la tortura durante interrogatorios de personas sometidas a detención arbitraria por efectivos de las fuerzas armadas y cuerpos de seguridad del Estado”. Por su parte, en mayo de 2014, tras una visita a México, el relator especial de la ONU sobre la tortura observó: "Aún persiste una situación generalizada del uso de tortura y malos tratos”.[2]
El objetivo de la tortura radica en diversas cuestiones, principalmente para obtener confesiones o declaraciones que traten de terceros involucrados, inspirar temor, obtener información o dinero e incluso generar culpables y es usado por elementos de las fuerzas armadas, la marina, policía federal o de investigación en diversos estados.
Según el Informe, Amnistía Internacional documenta el número de quejas por tortura y otros malos tratos recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en los años 2003, 2004, 2010, 2011, 2012 y 2013 el cuál suman 7656 y por las que emitió únicamente 46 recomendaciones, que si bien no reflejan el nivel real de tortura que existe, da un acercamiento a la problemática en esta terrible práctica.
Ante la grave crisis de inseguridad que se agravó desde el sexenio pasado, el presidente Felipe Calderón justificó la presencia del ejército y la marina para realizar funciones que son encomendadas a las policías, agravando así las violaciones a derechos humanos que se hacen en las entidades. Tal es el caso de Claudia Medina, que fue detenida arbitrariamente en su domicilio en Veracruz por elementos de la marina, torturada y acusada de un crimen que no cometió donde la impunidad ante su caso y otros muchos similares siguen siendo cuestión de todos los días.
Mientras no aceptemos y dimensionemos la magnitud del problema, midiendo y visibilizando esta terrible práctica, seguiremos minimizando estas y otras violaciones a derechos humanos. El rol de la sociedad civil juega un papel importante en el tema, seguir presionando para que se apliquen las recomendaciones hechas por organizaciones nacionales e internacionales es fundamental.
Luz Marcela Villalobos Andrade
Coordinadora de observatorios locales en el Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, A.C.
@marcevillalobs @ObsNalCiudadano
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