Observatorios del delito en México: ¿para qué?

Con el incremento de la violencia y la delincuencia en el país, los observatorios de medición del delito, también llamados de seguridad, son fundamentales para el análisis, seguimiento e incidencia en políticas focalizadas en temas de seguridad ciudadana y gobernanza. Un observatorio es una institución que se dedica a la recolección de información y análisis de distintas temáticas para las cuales se especializan con el fin de emitir una recomendación. Existen cuatro grandes enfoques que puede llevar a cabo un observatorio: investigación; monitoreo de indicadores; incidencia en políticas públicas; y participación ciudadana.

En América Latina, el auge de observatorios de medición de la violencia y el delito se dio en la década de los 90’s en Colombia, donde nacieron dos enfoques conceptuales para la observación del delito: el epidemiológico y el de cultura ciudadana. A diferencia de la corriente criminológica de raíz policial y extra-regional, el abordaje de aquellos dos enfoques es interinstitucional y multidisciplinario.[1]

En México, a diferencia de Colombia, la creación de observatorios del delito se remonta hasta hace pocos años de acuerdo a los nuevos modelos conceptuales de seguridad ciudadana, cultura de la legalidad y derechos humanos.

La ola de estos organismos en México se da a partir de la inclusión en el catálogo de programas y proyectos del Subsidio para la Seguridad en los Municipios (SUBSEMUN), la creación de observatorios de seguridad y gobernanza urbana para fomentar el monitoreo y seguimiento de las políticas públicas de prevención social, como un programa obligatorio en los municipios seleccionados para este subsidio el cual parte del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad que se dio con la grave crisis de derechos humanos e inseguridad desatada en el país en la administración de Felipe Calderón.

Según datos obtenidos vía acceso a la información pública, se crearon 97 observatorios de seguridad y gobernanza urbana entre los años 2011 y 2013. Unos se albergaron directamente en la administración pública de los municipios, unos más se crearon con consultorías u organizaciones de la sociedad civil y algunos otros se desarrollaron en instituciones de educación superior. El recurso destinado a estos proyectos se eliminó, por lo que la mayoría de observatorios que nacieron de esta iniciativa, desaparecieron.

Si bien, el objetivo principal de los observatorios de la violencia y el delito está en mejorar las condiciones de  seguridad y convivencia pacífica, se requiere que sea una política permanente y continua que establezca las bases mínimas de recolección de información con método científico, así como el análisis de la información y presentación de propuestas y recomendaciones en políticas públicas con el fin de que la información no se pierda, sea eficiente y de calidad y que no dependa de la voluntad del gobernante en turno para su continuidad. Por lo tanto, que se establezcan como organismos ciudadanos, ya sea en organizaciones de la sociedad civil o en instituciones de educación superior, legitima su actuar y le da herramientas para ser independiente y objetivo.

Si vemos concretamente los observatorios ciudadanos de medición del delito, han contribuido a aumentar el interés por la información de calidad de datos y estadística, y ser reconocidos como organismos políticos y mediadores que brindan información oportuna y que, con una objetividad comprobada, pueden ser contrapeso y abonar a la construcción de la democracia.

El ideal es que estos observatorios ciudadanos sean totalmente independientes de gobierno, que tengan autonomía técnica, financiera y de gestión. Conformados como organizaciones de la sociedad civil, y regidos por un órgano de administración que entre sus integrantes se encuentren académicos, empresarios y líderes de opinión. Que cuente con un equipo multidisciplinario para operar y cuyo principal reto es definir objetivos de intervención e impacto para lograrlos.

Los observatorios del futuro deberían considerar una incidencia más sistemática en el apoyo al diseño y seguimiento de políticas públicas de seguridad ciudadana. Esto incluye el tratamiento más robusto de la información, con mejor georreferenciación, análisis predictivo y desagregado de los datos y la introducción de prácticas de monitoreo permanente y evaluación rigurosa para la medición de sus resultados e impactos.[2]

En el Observatorio Nacional Ciudadano operamos desde hace tres años la Red Nacional de Observatorios de Seguridad, Justicia y Legalidad, con el fin de brindar y capacitar con una metodología de medición de incidencia delictiva, realizada en conjunto con México Evalúa, que permite la certificación del observatorio local y por ende su profesionalización, para lograr mediciones más sistemáticas, mejorar la calidad del análisis, trabajar en sinergia para compartir buenas prácticas y brindar apoyo a nuevas organizaciones que quieren pasar de la queja a la propuesta a través de este tipo de acciones. Actualmente hay 15 observatorios del delito en el país certificados con esta metodología y cuyo compromiso es presentar reportes de incidencia delictiva de manera periódica. Seguiremos trabajando para fortalecer la participación ciudadana y ser contrapeso del gobierno.

Luz Marcela Villalobos Andrade

Coordinadora de Observatorios Locales en ONC

@MarceVillalobs @ObsNalCiudadano

[1] Dammert, Lucía. Gutiérrez, María Isabel. Martin, Gerard. Paternain, Rafael. Peña, Norma. ¿Qué observan los que observa el delito? Banco Interamericano de Desarrollo, 2014.

[2] Ídem.