Prevención situacional del delito

La ciudad, el espacio público y la ciudadanía son elementos relacionados estrechamente, que se ven afectados por fenómenos como la exclusión social, la fragmentación urbana, la pobreza, la emergencia de la violencia y la delincuencia. Esto deriva en hechos de victimización y temor en la población que aqueja diversos aspectos de la vida cotidiana, especialmente en las relaciones sociales y la confianza en el entorno.

El concepto de Prevención de la Delincuencia Mediante el Diseño Ambiental CPTED por sus siglas en inglés, se basa en la idea de que ocurren delitos en determinados espacios debido a las áreas vulnerables que permite el entorno físico.

Las estrategias vinculadas a la prevención situacional del delito implican la gestión, diseño o manipulación del ambiente inmediato de forma sistemática y permanente para posibilitar la reducción de las oportunidades para cometer delitos e incrementar el riesgo percibido para un amplio rango de delincuentes.

Esto permite plantear que es posible alterar el entorno físico de manera que se disminuya la probabilidad de que ocurran delitos.

En el Reino Unido se realizaron dos proyectos de investigación, por el instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge, en los cuales estudiaron los efectos que producía la mejora del alumbrado público en el delito en dos áreas urbanas.

En el primer proyecto el delito disminuyó en un 41% en las áreas con iluminación mejorada en comparación con una disminución del 15% en el área de control. En el segundo proyecto el delito disminuyó en 43% en las áreas con iluminación mejorada y en un 45% en áreas adyacentes en comparación con el 2% en dos áreas de control.

En países como Honduras y El Salvador existe también prevención de la violencia y el delito mediante el diseño urbano en lo que respecta a la construcción, mejoramiento o rehabilitación de la infraestructura social de diversas comunidades y localidades, lo que apunta al mejoramiento barrial integral y a la prevención situacional (Consejo Nacional de Seguridad Pública, 2005).

Además, se realizaron diagnósticos urbanos de carácter integral para la prevención de la delincuencia, como en la zona metropolitana de San Salvador que posee indicadores de victimización y de percepción de inseguridad bastante altos, los que se radicalizan en espacios públicos específicos, como parques y plazas de la ciudad, debido al desuso y deterioro. Las principales políticas realizadas por esos gobiernos apuntaron a la recuperación de espacios públicos, planes de ordenamiento de uso y a una actualización de las normativas urbanas que están obsoletas (Romero y Sánchez et al., 2004).

Los gobiernos locales tienen la responsabilidad de implementar acciones que  promuevan el desarrollo territorial, así como procurar el mantenimiento de los espacios públicos, sin dejar de lado la inclusión de la comunidad y las organizaciones de la sociedad civil para participar activamente en la recuperación y creación de espacios que tengan como objetivo fundamental, el reducir la victimización y con ello la percepción del temor.

Actualmente, existen varios programas públicos encaminados a la recuperación de espacios a través de la creación de infraestructura que alberga áreas recreativas y deportivas, sin embargo, no consiguen el impacto esperado, toda vez que no están sustentados en un diagnóstico previo que identifique las condiciones de seguridad y las necesidades sociales, lo que tampoco genera parámetros de medición, redundando en políticas públicas sin evaluación.

En la zona Noroeste del estado de Chihuahua, específicamente en Ciudad Cuauhtémoc, se pretende un trabajo en conjunción de sociedad y gobierno para enfrentar de manera eficaz el problema delincuencial.

Por ello, se busca la implementación de proyectos, como la instalación de luminarias led en las zonas con alta densidad poblacional consideradas de mayor riesgo o con particularidades que coadyuven en la recuperación de espacios, según los datos del Atlas de Bienestar y Seguridad de Cuauhtémoc, focalizado a cuadrantes con esas características, mismos que pueden ser medidos continuamente de acuerdo a su incidencia delictiva, aunado a trabajos permanentes en educación, salud, economía y cohesión social, como vía para mejorar las condiciones de seguridad.

La tarea de la ciudadanía  no consiste en suplir las funciones u obligaciones de la autoridad, sino en promover y exigir una relación entre Gobierno y Sociedad, no reduciendo la competencia de la policía únicamente a la detención de delincuentes, sino estableciendo prioridades estratégicas claras para la problemática local con la participación ciudadana, sin que ello implique delegar esta función al ámbito privado.

Observatorio Ciudadano Prevención Seguridad y Justicia, Cuauhtémoc

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