Recomendaciones para una justicia maltrecha

Ayer se presentó el resultado de la Consulta Nacional sobre el Modelo de Procuración de Justicia, esfuerzo desplegado por el CIDE, el Inacipe y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En el texto que publica en este mismo diario, Pedro Salazar explica su contexto y sentido. Por mi parte, expondré una apretada síntesis de sus principales hallazgos y recomendaciones (el texto completo del informe en construyamosjusticia.mx).

Durante la Consulta se identificaron un conjunto de problemas de muy diversa índole. Destacamos tres que son centrales. Primero, una visión fragmentada y decisiones aisladas en materia de seguridad pública y justicia penal. El resultado es que resulta muy difícil saber quién es responsable de qué y por ello las responsabilidades se diluyen.

Segundo, que las procuradurías de todo el país carecen de capacidades para realizar investigación criminal, y con frecuencia incurren en violaciones a los derechos humanos. Esta es una situación resultado de décadas de descuido y falta de inversión en capital humano. Tercero, que existen gravísimas deficiencias en la generación y uso de la información. Sin ella, resulta imposible tener una procuración de justicia eficaz.

Para salir de este impasse se proponen una serie de recomendaciones. Por un lado, rediseñar el Sistema Nacional de Seguridad Pública, para que tenga la función explícita de diseñar la política criminal del Estado mexicano, misma que debe permitir articular y coordinar las acciones de las diferentes instituciones y órdenes de gobierno en la materia. Junto con ello, es indispensable clarificar la distribución de competencias entre Federación y estados (es decir quién hace qué) y expedir un Código Penal único para todo el país.

También requerimos un nuevo modelo de investigación, basado operativamente en células de investigación, que son unidades multidisciplinarias y flexibles, que permiten desarrollar las tareas de investigación y persecución de los delitos, con base en información, y con capacidades de litigio que les permitan tener éxito en los casos que presenten ante los tribunales. Todo lo anterior implica necesariamente profesionalizar a ministerios públicos, agentes de investigación y peritos en el marco de un servicio de carrera. También supone una nueva arquitectura institucional para todas las fiscalías, radicalmente diferente a la que ahora existe.

Durante meses la discusión pública se concentró en la designación del fiscal. Esto fue un error. El problema no es de personas, sino de una suma de deficiencias normativas e institucionales. De nada serviría tener al mejor fiscal imaginable si no corregimos también el diseño de todas las fiscalías, de las policías y los sistemas penitenciarios.

El cambio que se propone es mayor. Sería ingenuo pensar puede suceder rápidamente. Transformar la procuración de justicia en el país implica una política de largo aliento, sostenida y sustentable, con un plan definido, con responsables claros y con mecanismos de evaluación exigentes y transparentes. Sin un plan de transición transexenal nos condenaremos a no cambiar.

El informe es un insumo generado con la reflexión de muchas mexicanas y mexicanos convencidos de que es posible cambiar. Se lo entregamos a quienes, por mandato de la Constitución, tienen la responsabilidad de dialogar, debatir y tomar las decisiones en el marco de nuestro sistema democrático. La pelota está en su cancha. Y la responsabilidad también.