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No cabe duda de que el tipo de cambio es un buen indicador de las expectativas de que se alcance un acuerdo de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). A principios de marzo, la cotización spot estaba en 18.88, semanas más tarde cuando los medios de comunicación comenzaron a difundir que Estados Unidos (EU) había flexibilizado su posición respecto a las reglas de origen en la industria automotriz y luego se dejó correr el rumor de que el presidente Donald Trump anunciaría en la Cumbre de las Américas (13 de abril) un acuerdo en principio entre los tres socios, la cotización llegó a situarse por debajo de 18.10.
El lunes pasado, en una entrevista en el noticiario Primero Noticias con Carlos Loret de Mola, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía, recordó que los tiempos se estaban agotando y dejó entrever que no debería desaprovecharse la oportunidad de alcanzar un acuerdo flexibilizando posiciones. Declaró que había 80% de probabilidades de que en la primera semana de mayo se firme el nuevo TLCAN.
El secretario de Economía durante la entrevista señaló que la Ley de la Autoridad de Promoción del Comercio de 2015 (TPA) expira el 1 de julio; por lo que los tiempos están muy justos. El problema es que las fechas ya no cuadran si nos atenemos al calendario difundido en septiembre pasado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), de que tenía que notificarle al Congreso con 180 días de anticipación de posibles cambios a las leyes comerciales, de que la firma del acuerdo debiera ser 90 días antes y publicarlo con 60 días de anticipación, esto es el 1 de mayo.
Por el lado mexicano, el actual periodo ordinario de sesiones
del Congreso finaliza el 30 de abril, por lo que debería de convocarse
a un periodo extraordinario para que el Senado discuta y apruebe el documento, que requeriría de un mínimo análisis previo de parte de los legisladores.
Loret planteó en su columna del martes que había posturas encontradas dentro del gobierno mexicano: la de Guajardo, quien consideraba que era necesario tomarse más tiempo para llegar a un mejor acuerdo sin precipitaciones y sin ceder de más, y; la del canciller Luis Videgaray, quien opinaba que había que aprovechar esta coyuntura y asegurar el “acuerdo en principio” antes de que Trump se pudiese retractar.
Lo más preocupante es que ese “acuerdo en principio”, según Loret, se quería vender como un gran éxito de la administración Peña Nieto y como un impulso a la candidatura de José Antonio Meade.
Parece que nuestros tecnócratas no aprenden de los errores pasados. Ante el temor de que Trump quisiera acabar con el TLCAN, como lo había declarado en su campaña, el gobierno mexicano decidió invitarlo el 31 de agosto de 2016 para convencerlo de sus bondades. Lejos de ello, la visita sólo sirvió para que reiterara que era el peor acuerdo firmado por EU y que lo abandonaría si no se aseguraba un “comercio justo” para su país.
Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) consideró que la regla de origen automotriz es más estricta y difícil de cumplir, ya que se propone medir el origen de los componentes para fabricar un vehículo eliminando la lista de rastreo, lo que hace imposible cumplir el contenido regional de 85%. La nueva propuesta agrupa las autopartes en cinco categorías. En el primer grupo están incluidos los siete componentes esenciales que conforman un vehículo, en los que el contenido regional se eleva al 85%; en las otras categorías, fluctúa entre 60% y 75%.
Por su parte, Carla Hills ex representante comercial de EU y negociadora del TLCAN en 1994, en entrevista con EL UNIVERSAL consideró que era difícil alcanzar un acuerdo en las próximas semanas y aconsejó continuar las negociaciones en 2019.
Considero que el gobierno mexicano no debiera dejarse chantajear por el agotamiento del plazo del TPA; tampoco es conveniente que las negociaciones se sigan contaminando con el proceso electoral bajo el argumento de que habría que apresurar el acuerdo para evitar que el próximo presidente o Congreso reviertan lo pactado.
Más bien lo que debiera proponer la cancillería mexicana al presidente Trump, es que solicite a su Congreso una prórroga o extensión de la TPA para que se pueda desarrollar las negociaciones comerciales en condiciones adecuadas, como lo sugiere Hills. De esta forma se mostraría si en realidad hay voluntad para llegar a un arreglo.
Hago hincapié que en un pasado reciente, diversas autoridades mexicanas y expertos habían declarado que era mejor que México se saliera del TLCAN, antes que firmar un acuerdo desventajoso.
¿Lo decían en serio o sólo eran desplantes?
Catedrático de la EST-IPN
E-mail: pabloail@yahoo.com.mx
