Cierran caso Eva Cadena; pruebas son 'ilícitas', dicen

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Para no alentar “la industria de las grabaciones y de las intervenciones ilícitas” el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió las investigaciones sobre el presunto financiamiento de Morena con recursos obtenidos por la ex diputada Eva Cadena, “la recaudadora”, quien fue captada en videos mientras recibía los billetes.

Según la mayoría de nueve consejeros del INE, el asunto se quedó sin materia, tras determinarse que los videos, dados a conocer por EL UNIVERSAL, son pruebas ilícitas y por tanto sin valor legal.

Votaron en contra de dar carpetazo los consejeros Pamela San Martín y José Roberto Ruiz Saldaña, y en el debate la primera rechazó que las grabaciones sean ilícitas.

“No estamos ante una intervención de una comunicación”, que es lo que no permite la Constitución al establecer que una prueba obtenida con violación de derechos fundamentales es nula y por tanto no puede ser prueba ilícita.

Demandó no dar por concluido el caso sin investigar el destino de los recursos recibidos por Cadena, quien fue desaforada por el Congreso local para ser investigada por la vía penal.

San Martín destacó que el partido quejoso, el PRI, presentó una ampliación por el presunto financiamiento de Morena con recursos de su bancada en Veracruz —luego de que el 31 de mayo Cadena afirmó eso en una rueda de prensa—, lo que sigue en investigación, por lo que no puede cerrarse el caso.

Planteó que aunque ayer el INE debía resolver quejas en materia de ingresos y gastos de partidos y coaliciones —para en su caso cerrar la fiscalización de las campañas que tuvieron elección el 4 de junio—, eso no debe obligar al INE a no seguir las indagatorias sobre el flujo de recursos en efectivo.

La consejera alertó que en las primeras diligencias la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda retrasó la entrega de información a la que el INE tiene derecho a acceder, pues para el órgano electoral no aplica la secrecía bancaria, fiscal y fiduciaria.

En defensa de la resolución, el integrante de la Comisión de Fiscalización, Benito Nacif, expuso que a juicio de la mayoría los videos son comunicaciones privadas. “Es una prueba que fue ofrecida anónimamente a un medio (…) es una prueba ilícita y es como si no existiera”, destacó.