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El secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Gonzalo Hernández Licona, reconoció que la capacidad de compra de los mexicanos no ha crecido “prácticamente nada” en 20 años y que será difícil abatir la pobreza mientras no exista un ingreso real al alza. Comentó que las zonas rurales son las más afectadas.

Al participar en un encuentro con los integrantes de la Comisión de Desarrollo Social de la Cámara de Diputados, Hernández Licona dijo que de 1950 a 2014 México tuvo un crecimiento económico per cápita de 2% al año, por lo que “es muy difícil bajar la pobreza y tener mejores niveles de vida si el país continúa creciendo en ese porcentaje”.

Comentó que no hay una relación clara de qué planes son efectivos para abatir las carencias, como el caso del Programa Especial Concurrente (PEC), que no cuenta con un objetivo específico y “sus éxitos se deben a que ha logrado obtener más recursos cada año, pero no sabemos si éstos llegan a su destino o son otros los beneficiados”.

Sobre el Programa de Inclusión Social (Prospera), mencionó que ha tenido avances al igualar las brechas de asistencia escolar de niñas y niños, pero es menos claro y efectivo en áreas rurales.

La Cruzada Nacional sin Hambre, indicó, necesita trabajar en un concepto general del “hambre”, ya que tiene el objetivo de reducir la pobreza extrema, pero no es claro en cuanto a la relación con otros elementos como la desnutrición.

Hernández Licona consideró que se requiere que la población participe en las decisiones políticas, sociales y económicas del país, sobre todo la más vulnerable. “No tiene caso seguir con los mismos programas si el problema continúa, eso quiere decir que hacen falta unos nuevos o mejores”, dijo.

Precisó que el Coneval ha realizado más de mil 200 evaluaciones a programas federales de 2008 a 2015 y sus respectivos informes.

Sobre el tema, el presidente de la comisión, Javier Guerrero (PRI), mencionó que es indispensable que el Legislativo recupere la facultad de evaluar la política pública, ya que “el puente entre evaluación, asignación de recursos y determinación de contenidos de políticas y programas sería el Congreso”.

“Recuperar esa facultad implicaría tener capacidad de influir, por lo que debemos hacer un trabajo responsable y profesional para poner este tema sobre la mesa”, dijo.

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