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La secretarías de Gobernación (Segob) y de Relaciones Exteriores (SRE), y la Procuraduría General de la República (PGR), analizarán el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México de la Comisión Nacional de los Derechos (CNDH) y anunciaron que tomarán nota de las propuestas de ese organismo.
El gobierno federal reconoció la labor de la CNDH y de los colectivos y organizaciones de la sociedad civil para mejorar los esfuerzos institucionales encaminados a la erradicación de la problemática de fosas clandestinas y las desapariciones.
Destacó que la aprobación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Desaparición de Personas permitirá dotar al Estado de un diseño institucional adecuado y de mejores capacidades en este ámbito.
Esta ley permitirá la creación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, integrado por herramientas como el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, y el Registro Nacional Forense, para facilitar la localización e identificación de personas, y reglamentará lo relativo a la disposición de cadáveres y restos.
“El sistema también aseguraría la inmediata movilización de las instancias de seguridad pública, procuración de justicia y personal especializado ante un reporte de desaparición, con el fin de garantizar una respuesta institucional amplia, ágil y oportuna dentro de las primeras 72 horas”.
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También se crearía la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que coordinaría el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.
La CNB debe ser un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación y entre sus funciones se encargaría de diseñar y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y el Programa Nacional de Exhumaciones, recibir denuncias o reportes sobre desaparición de personas, acceder a la información contenida en bases de datos y registros de todas las autoridades.
Además, deberá contar con una unidad de búsqueda y con fuerza de búsqueda (policías capacitados y certificados), un área de análisis de contexto y un área de detección y procesamiento de información para la realización de sus actividades.
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Con la aprobación de la ley se consolidará Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que permitiría a los familiares dar seguimiento a su denuncia de desaparición.
Se trata de un registro con información actualizada, proporcionada por hospitales, centros de detención, estancias migratorias, cruces fronterizos y servicios médicos forenses, tanto federales como locales.
El comunicado también informa sobre la creación del Registro Nacional Forense, el cual “utilizaría los últimos adelantos de la ciencia y la tecnología para facilitar la localización e identificación de personas desaparecidas”.
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También se compromete a definir dos tipos penales: el de desaparición forzada, cometido o instigado por servidores públicos; y el de desaparición por particulares.
“Ambos [tipos penales], permanentes e imprescriptibles, con una sanción de 50 a 100 años de prisión y de 40 a 90 años de prisión respectivamente, que evidencian el compromiso del Estado para castigar con la mayor severidad aquellos delitos que lastiman y trasgreden el tejido social”.
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