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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aprobó el mecanismo especial de seguimiento para el caso Ayotzinapa y solicitó al Estado mexicano redoblar los esfuerzos para determinar el paradero de los normalistas de la escuela rural Raúl Isidro Burgos.
En su resolución, la CIDH aclaró que el mecanismo estará integrado por lo menos con dos asesores técnicos “que podrán visitar México con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios”.
El documento precisa que los asesores tendrán acceso pleno a los expedientes y demás fuentes de información, además que el comisionado de la CIDH a cargo del mecanismo realizará al menos tres visitas a México para supervisar los trabajos.
La comisión señaló que las actividades establecidas para el mecanismo no podrán interpretarse como limitativas de otras competencias que le otorga la Convención Americana de Derechos Humanos.
Luego de reunirse con una representación de funcionarios mexicanos, la CIDH enfatizó que las acciones adoptadas por las autoridades estatales aún no han arrojado resultados concretos, “tomando nota de las valoraciones del GIEI sobre la existencia en las investigaciones de una presunta obstrucción de la justicia y sobre otros temas como las deficiencias del trabajo pericial, la omisión de recabar declaraciones relevantes, la insuficiente indagatoria sobre delincuencia trasnacional y la posible existencia de tortura”.
La Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado en el que señaló que la CIDH definió el esquema de seguimiento para las medidas cautelares que adoptó en el caso Iguala.
“El gobierno de la República reconoce el diálogo y la cooperación con los representantes y los beneficiarios de las medidas cautelares en el caso Iguala, que permitieron plantear a la CIDH acuerdos sobre el esquema de seguimiento a las medidas cautelares, resultado de diversas reuniones desarrolladas previamente en México y que fueron propuestos para la consideración de la comisión”, expuso.
Recordó que ayer el pleno de la CIDH notificó su resolución a México y a los beneficiarios de las medidas cautelares, la cual establece el esquema de seguimiento, a la luz de sus competencias establecidas en el marco de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y del reglamento de la propia comisión.
La Segob explicó que el esquema de seguimiento que definió la CIDH fue adoptado por esta instancia después de una serie de reuniones con los representantes del Estado y los beneficiarios de las medidas cautelares, en el marco de su 159 período de sesiones, en la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, entre el 27 y el 29 de julio.
El propósito, añadió, es dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares del caso. Será coordinado por el relator de país de la comisión o por otro comisionado designado para esos fines; contará con un equipo de asesores técnicos de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.
Agregó que su actuación se desarrollará en el contexto del seguimiento a las medidas cautelares, atendiendo a la normatividad mexicana vigente y a los estándares internacionales aplicables. Tanto el relator de país —o comisionado designado— como el equipo técnico realizarán visitas periódicas a México, de acuerdo con las necesidades propias del esquema adoptado.
La Segob reafirmó su solidaridad con las familias víctimas y su compromiso de esclarecer los hechos.
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