“Tesis del incendio fue un punto de fricción con el gobierno”

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Lo que comenzó como una relación de cooperación entre el gobierno de México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para hallar a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa la noche del 26 de septiembre de 2014, terminó en desencuentro, puesto que los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) pusieron en duda la versión oficial de la Procuraduría General de la República.

La abogada colombiana Ángela María Buitrago, conocida por sus investigaciones en casos como el del Palacio de Justicia o la parapolítica, quien formó parte del grupo de expertos internacionales, contó a EL TIEMPO la fractura que existió con el Estado mexicano, que decidió no prorrogar más su labor, la cual concluyó el pasado 30 de abril.

¿En qué momento se rompió esa relación?

—Hay un momento de fractura muy fuerte, y es el tema del manejo de la información en el tercer informe que presentó el gobierno a familiares de las víctimas, en marzo pasado. Inicialmente se habían concertado unas formas de entregar la información, precisamente por la protección a los familiares, pero eso no se cumplió. Ahí fue el estallido de todo.

Hubo versiones encontradas, pero ¿cuál fue la que más polémica generó entre el gobierno y el GIEI?

—La tesis del incendio es sin duda alguna uno de los principales puntos de fricción. El gobierno afirma que en el basurero de Cocula [Guerrero] fueron incinerados los muchachos. En cambio, nuestros informes científicos demuestran que en ese punto no pudieron ser quemados y que no existe certeza sobre su destino.

¿Cuál es la intención del gobierno en mantener esa versión?

—Tocaría preguntarles a los que tenían esa posición, pero yo creo que en parte era el afán de cerrar el caso y confirmar una versión institucional.

¿El trabajo del GIEI despertó dudas sobre la capacidad de las autoridades en México o qué pasó?

—Ahí, por ejemplo, tienes dos opciones para el caso: o esas líneas de investigación iban a donde eran, que eran las que se estaban moviendo, o ellos querían quedarse con la versión del basurero.

¿Qué tan oportuna fue la colaboración de las instituciones mexicanas?

—Vi voluntad en la procuradora Arely Gómez González y otros funcionarios. Lo que pasa es que hay fuerzas mucho más poderosas que uno se da cuenta de que quieren el cierre [de la búsqueda de los estudiantes]. Pero uno no puede calificar de generalidad, porque eso sería injusto. También pude percibir que hay personas de las instituciones que querían adelantar esas investigaciones, pero había una orden, no me preguntes de dónde, que bloqueaba todo. Lo que sí se siente es que los tenías a ellos entre la espada y la pared. “Yo quiero, pero no puedo”. Esa era la percepción.

¿Con qué sensación salió usted de México?

—Con varias. Me vengo con una experiencia lindísima desde el punto de vista cultural. Me vengo con la tristeza de no haber encontrado a los muchachos; de que hay una ambigüedad en términos de que “queremos la colaboración, pero nos negamos a colaborar”. Me quedo con la tristeza de que los padres seguirán solos, esperando que la sociedad los arrope y que la institucionalidad proteja a la víctima. Me quedo con la palabra de la procuradora de que se van a aplicar las recomendaciones y se va a seguir hablando con las familias.