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Por la probable siembra de evidencia en la ribera del río San Juan y la manipulación del expediente para defender la llamada “verdad histórica”, el director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y la coordinadora general de Servicios Periciales, Sara Mónica Medina Alegría, deben ser investigados y separados inmediatamente de sus cargos, afirmaron padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero.

En conferencia de prensa para expresar su respaldo al informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), César Mario González, padre del normalista desaparecido César Manuel González, dijo que tanto Zerón como Medina le deben una explicación a las familias sobre lo que hacían el 28 de octubre de 2014 en el puente del río San Juan recogiendo evidencia que no obra en el expediente y en compañía de uno de los 123 detenidos del caso, Agustín García Reyes, El Chereje.

Acompañados de sus representantes legales, así como por un vocero del Comité Estudiantil de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, los padres de los normalistas desaparecidos acusaron a la PGR de mentirles y ocultarles evidencia durante el desarrollo de la investigación, por lo que rechazaron las afirmaciones del subprocurador Eber Betanzos acerca de que los padres de los normalistas confiaban en la PGR.

“Nosotros queremos que cesen a Tomás Zerón y que se abra una investigación en su contra, también a la señora Sara Mónica Medina, ambos participaron en el supuesto encuentro de la bolsa un día antes. Queremos saber cuál fue el motivo y cuáles fueron las circunstancias de lo que llevaron ahí, de la siembra de pruebas. Ya no tenemos dudas, ellos sembraron las evidencias del río San Juan”, afirmó Mario González.

Los padres acusaron a la PGR de mentir y ocultar evidencia durante el desarrollo de la investigación, por lo que desmintieron que tengan confianza en la PGR, como sostuvo el subprocurador de Derechos Humanos, Eber Omar Betanzos.

Al participar en esa reunión, el abogado del Centro Pro, Mario Patrón, advirtió que todas las pruebas y evidencias que no apuntaban a reforzar la llamada verdad histórica del ex procurador Jesús Murillo Karam “fueron excluidas de las investigaciones”, propiciando un sesgo en la indagatoria que han afectado el acceso a la justicia y que ahora han sido expuestas en el informe final del GIEI.

Agregó que el ex titular de la AIC tiene que aclarar cómo es que los restos de Alexander Mora Venancio “aparecieron” en el río San Juan de Cocula, cuando el resto de las pruebas que obran en el caso apuntan a que el joven normalista se encontraba en el grupo que fue trasladado hacia el municipio de Huitzuco, en una segunda ruta que la PGR se negó a investigar durante más de un año.

En este marco, los padres de los normalistas demandaron al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que muestre voluntad para explicar por qué la procuraduría se dedicó a obstaculizar la investigación a lo largo de estos meses.

Sobre las lesiones que presentan 17 personas procesadas por este caso, mismas que el GIEI considera como indicios de tortura, Mario González afirmó que los padres no defienden a ningún delincuente, pero advirtió que esa práctica se usó a conveniencia de la PGR para lograr “confesiones” que ayudaran a su teoría del caso.

El vocero de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, Ángel Mundo Francisco, agregó que desde el mismo día de los hechos, los sobrevivientes del ataque perpetrado por diversas corporaciones en contra de los normalistas dieron a conocer la existencia del quinto autobús, la presencia de policías federales en las distintas escenas del crimen y el seguimiento de las acciones que realizaba el Ejército mexicano el 26 de septiembre de 2014.

Dijo que la PGR se ha negado a investigar todo lo que ellos han informado a través de sus testimonios, ocultando la probable participación de fuerzas federales en los acontecimientos de Iguala, “pero a nosotros nadie nos va a cuentear porque estuvimos ahí y nosotros vimos todo lo que el GIEI ha pedido investigar en su informe”.

Emiliano Navarrete advirtió que los padres nunca se van a callar y seguirán buscando a sus hijos desaparecidos, por lo que no planean regresar a sus casas “con una disculpa de quién sea y sin saber lo que pasó”.

Nicolás Andrés Juan añadió que no hay reparación económica que cubra la ausencia de los normalistas desaparecidos y solicitó a las autoridades mexicanas no aprovecharse de la salida del GIEI para que su sobrino y Aldo, actualmente en coma, dejen de recibir atención médica.

Los padres de los jóvenes desaparecidos exigieron al gobierno mexicano que cumpla con todas las recomendaciones del GIEI y que siga las líneas de investigación que los expertos internacionales dejaron plasmadas en su último informe.

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