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Apela PGR fallo de libertad a militares

El 7 de noviembre de 2014, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el DF dictó el auto de formal prisión en contra de siete militares (ARCHIVO EL UNIVERSAL)
Nación 08/10/2015 01:33 Dennis A. García Actualizada 01:43
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La Procuraduría General de la República (PGR) interpuso el recurso de apelación en contra de la resolución del juez federal que ordenó la libertad de cuatro de los siete militares involucrados en el presunto enfrentamiento en Tlatlaya, Estado de México, el 30 de junio del año pasado, que dejó un saldo de 22 muertos.

El lunes pasado, el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal determinó la libertad de Julio César Guerrero Cruz, Samuel Torres López, Alan Fuentes Guadarrama y del teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, al no encontrar pruebas suficientes.

La PGR anunció que utilizaría los instrumentos legales necesarios para revertir el fallo, y apeló la resolución del juez Rubén Noguera ante un Tribunal Unitario que determinará si ordena la reaprehensión de los militares o confirma su libertad por falta de pruebas. El 7 de noviembre de 2014, el Juzgado Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal dictó el auto de formal prisión en contra de los siete militares que estuvieron involucrados en el caso Tlatlaya.

Los militares impugnaron ante el Sexto Tribunal Unitario la formal prisión por el delito de ejercicio indebido del servicio público; al resolver, el Tribunal ordenó emitir un nuevo fallo y fue cuando el juez Rubén Noguera dictó el auto de libertad.

El juez civil no encontró pruebas suficientes para sujetarlos a proceso, pero los militares enfrentan cargos en contra de la disciplina militar, desobediencia e infracción de deberes, por lo que permanecen en la prisión adscrita a la Primera Región Militar, en el Campo Militar 1-A.

Los militares Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides fueron consignados por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios.

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