Grupos civiles condenan intervención

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Más de 200 organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales, y 244 personas, afirmaron que el espionaje en México se ha convertido en un mecanismo efectivo de intimidación contra defensores de derechos humanos, por lo que exigieron al gobierno mexicano rendir cuentas a los ciudadanos sobre el uso de esta práctica y de la información que obtiene de ella.

Entre las organizaciones que firmaron el pronunciamiento están Reporteros sin Fronteras, Observatorio Nacional Ciudadano, Transparencia Mexicana, Causa Común, Centro Prodh, Red por los Derechos de la Infancia, Instituto Mexicano para la Competitividad y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, entre otros.

De los personajes que avalan el documento, destacan los actores Gael García Bernal, Diego Luna, los políticos Pedro Kumamoto, Emilio Álvarez Icaza y Armando Ríos Piter. El economista Luis de la Calle, el periodista Carlos Loret de Mola, Ricardo Raphael y la activista María Amparo Casar, entre otros.

En el texto señalaron que ante el espionaje revelado por el diario The New York Times, el pasado 19 de junio, “el gobierno mexicano debe rendir cuentas a la sociedad sobre el uso indiscriminado de métodos de espionaje y explicar el destino de la información que obtuvieron, así como realizar investigaciones que lleven a la sanción de los responsables de tales actos”.

Manifestaron su rechazo a este nuevo ataque en contra de los periodistas y defensores de derechos humanos: “Exigimos rendición de cuentas por parte del gobierno mexicano sobre el uso de malware para realizar espionaje, la apertura de investigaciones independientes, exhaustivas y transparentes, así como sanciones contra los responsables que, mediante el abuso del poder, han decidido vulnerar ilegalmente la privacidad de actores sociales”.

Pidieron que se realicen las reformas legales necesarias para regular las facultades de vigilancia del Estado, garantizando la rendición de cuentas.

“Las autoridades están obligadas a utilizar sus facultades legales y constitucionales para atender con prontitud y diligencia a los graves hostigamientos perpetrados contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos en México”.

Según los firmantes, hasta el momento la respuesta del gobierno federal ha dejado que desear. Afirmaron que después del reportaje, el vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez, invitó, en su cuenta de Twitter, a denunciar ante la Procuraduría General de la República y dijo que no había pruebas de que el gobierno mexicano haya realizado estas prácticas de espionaje.