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La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares y pidió a las secretarías de Gobernación (Segob), Defensa Nacional (Sedena), Marina-Armada de México (Semar) y a la Procuraduría General de la República (PGR) que se abstengan de utilizar sistemas de espionaje si es que los adquirieron.

“Si es el caso, no utilizar la información que hayan obtenido de periodistas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil”, destacó la comisión luego del reportaje publicado el lunes pasado en The New York Times sobre el espionaje en México.

La CNDH, encabezada por Luis Raúl González Pérez, condenó ese tipo de conductas “que busca afectar la privacidad de las personas porque afecta su intimidad y sus derechos humanos y estará atento a la investigación de las autoridades de procuración de justicia”.

The New York Times publicó que distintas dependencias del gobierno federal adquirieron el programa Pegasus para espiar a periodistas como Carlos Loret de Mola, y a Mario Patrón, del Centro Prodh, entre otros.

En un comunicado, la CNDH pidió a la PGR que instruya al personal ministerial que conozca las denuncias presentadas, por los ahora agraviados, para que realice la investigación de los hechos con profesionalismo, exhaustividad, objetividad y diligencia.

A las dependencias que en su caso hayan adquirido el sistema para espionaje, la CNDH insistió en que se deben abstener de utilizar y difundir esa información obtenida.

Planteó la necesidad de “instruir a todos los servidores públicos de esas dependencias a garantizar, en todo momento, el libre ejercicio de la libertad de expresión de medios de comunicación y periodistas, así como la labor de defensa de los derechos humanos de activistas y organizaciones de la sociedad civil, sin contravenir en ningún momento su derecho a la privacidad”.

Recordó que si bien la intervención de las comunicaciones no está prohibida, la Constitución establece que la única vía legal para hacerlo es mediante una orden judicial.

Afirmó que contravenir ese mandato con el objetivo de conocer la vida personal y profesional, entorpecer o afectar la labor de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, constituye una violación a sus garantías individuales y es un delito que debe ser investigado y sancionado.

“Al reunirse los requisitos de riesgo, urgencia e irreparabilidad del daño, sin prejuzgar sobre el fondo de los hechos, este organismo nacional solicitó a la Sedena, Semar, Segob y PGR implementar acciones para que, en caso de poseer el sistema Pegasus o cualquier otro que se empleé para intervenir comunicaciones de aparatos telefónicos o computadoras, se abstengan de usarlos contra periodistas, organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, así como contra cualquier otra persona contraviniendo el orden jurídico constitucional”, señaló.

Según la publicación de The New York Times, se han registrado 88 mensajes con enlaces para el posible espionaje que incluye a periodistas y defensores de los derechos humanos, por lo que la PGR inició una carpeta de investigación, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE).

Entre los que habrían recibido un mensaje SMS para la instalación del software están Stephanie Brewer y Santiago Aguirre, del Centro Prodh; Carmen Aristegui, Rafael Cabrera y Sebastián Barragán; Juan Pardinas y Alexandra Zapata del Instituto Mexicano por la Competitividad (IMCO) y Daniel Lizárraga y Salvador Camarena de la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

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